Los familiares de las víctimas incrempan al etarra 'Kuwati'

El terrorista José Antonio López Ruiz, 'Kubati', cuya libertad ordenó ayer la Audiencia Nacional tras el final de la doctrina Parot, abandonó a primeras horas de la noche la cárcel de Puerto I, en medio de las protestas, insultos y zarandeos de un grupo de familiares de víctimas de la banda terrorista ETA. 'Kubati', condenado a penas que suman 1.210 años de cárcel, ha cumplido 26 años de prisión por su participación en trece asesinatos consumados y 16 frustrados.

El terrorista salió de la cárcel alrededor de las 22.15 horas acompañado por un abogado de la Asociación Pro Derechos Humanos de Cádiz, mientras un grupo de unas cuarenta personas, entre las que había familiares de víctimas del terrorismo, le llamaron «asesino». Al cruzar la barrera de salida, la Policía tuvo que intervenir ante la avalancha de manifestantes, que rodearon, rarandearon y dieron patadas al automóvil en el que 'Kubati' abandonó el lugar.

Entre los congregados en las inmediaciones de la prisión se encontraba Encarna Carrillo, esposa del concejal del PP Manuel Indiano, asesinado en Zumárraga (Guipúzcoa) en agosto de 2000, cuando ella estaba embarazada de siete meses. También acudió a la protesta un hermano del cabo de la Guardia Civil Antonio Mateo, asesinado por 'Kubati' de varios disparos en la cabeza cuando paseaba de paisano por Ordizia (Guipúzcoa), en noviembre de 1987.

'Kubati' nació en Elorrio (Vizcaya) en 1954 y era uno de los presos más antiguos de la banda terrorista ETA, en la que se integró a mediados de los años 70. Asesino de la disidente 'Yoyes' y de otras 20 personas. Junto a este, quedaron libres Inmaculada Noble, condenada por el asesinato del comandante Ricardo Sáenz de Ynestrillas en 1986. En esta nueva tanda también se encuentra el arrepentido Antonio Alza Hernández, el primero de la 'vía Nanclares' que disfrutará de la aún más rápida 'vía Estrasburgo', la grapo Olga Oliveira, primer terrorista de esta banda beneficiada, y el preso común Pompeyo Miranda, condenado en Bolivia por asesinato pero que cumplía su pena en España.

Por su parte, Inés del Río, la primera etarra excarcelada tras anularse la doctrina Parot, no será indemnizada con los 30.000 euros que le otorgó el Tribunal Europeo de Derechos Humanos al concluir que España había vulnerado sus derechos fundamentales. El pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que ayer excarceló a otros 15 presos -13 etarras, un miembro del Grapo y un delincuente común-, rechazó por unanimidad el recurso de súplica de Del Río.