La jueza ordena la apertura del juicio por la Operación Pinsapar

El proceso judicial de la Operación Pinsapar sigue adelante. Ecologistas en Acción ha dado a conocer que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Ubrique ha finalizado la instrucción de un caso que destapó una supuesta trama de corrupción urbanística en Grazalema, ordenando la apertura de juicio oral. El origen de esta actuación se encuentra en la denuncia presentada por este colectivo por el desvío del río Guadalete para permitir la construcción de un bloque de viviendas.

Los ecologistas detallan que los problemas surgieron en 2005, cuando la todavía alcaldesa María José Lara (PSOE) otorgó licencia de obras a esta construcción. Además, aseguran que ante las primeras denuncia, la regidora defendió la legalidad de la obra «aunque, debido a la repercusión mediática que tuvo, se vio obligada a paralizar las obras en octubre de ese año».

Ecologistas en Acción afirma que en el auto firmado por la jueza se considera acreditado que el entonces arquitecto municipal, J.P., «cobraba comisiones de constructores para permitir aumentos de edificabilidad por encima de lo permitido». En concreto, «cobró 36.000 euros de los constructores C.B. y D.D.S. para que permitiera la construcción de un edificio en la plaza La Asamblea ocupando parte del dominio público del río Guadalete y construyendo cuatro viviendas más de las permitidas», detallan. Además, recuerdan que este constructor habría realizado de forma «gratuita» la reconstrucción de una vivienda en la finca de la esposa del arquitecto municipal.

También consideran que ha quedado acreditado que el arquitecto «cobraba otras comisiones por obras realizadas en este municipio y cuyos proyectos se realizaban en su estudio privado de Ubrique, que compartía con el arquitecto S.C.B., haciendo la vista gorda por las infracciones que en que incurrían». Asimismo, en el auto también están imputados R.G., administrador de la empresa promotora Inmocentral, y su socio R.T., a quienes se le imputan delitos de cohecho y contra la ordenación del territorio, al igual que a C.B. y a D.D.S.

Las imputaciones no quedan aquí y, de hecho, a A S.C. se le imputa un delito de cohecho, a J.P. de cohecho, contra la ordenación del territorio y negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos y uno de prevaricación al exalcalde Antonio Mateos (PSOE), ya que «conocía las irregularidades cometidas pero no hizo nada para impedirlas», aseguran desde la organización proteccionista.

Satisfacción

Desde el colectivo muestran su satisfacción porque esta fase de instrucción llegue a su fin «después de siete largos años», habiendo pasado el caso por varios jueces y fiscales. Recuerda que desde el año 2000 vienen interponiendo «numerosas denuncias por ilegalidades urbanísticas» ante el Ayuntamiento de Grazalema que «eran ignoradas de forma sistemática por los responsables municipales». Además, subraya el colectivo ecologista que el edificio y las obras de desvío del río Guadalete fueron declaradas «ilegales» por sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Jerez de octubre de 2006, que falló anulando «la licencia de construcción otorgada por Decreto de la Alcaldía de Grazalema de 24 de agosto de 2005».

Dada esta situación, Ecologistas en Acción entiende que la totalidad del edificio, que se encuentra a medio construir, «carece de licencia de obras y debe procederse a su demolición, cosa que no se ha hecho hasta la fecha». Tampoco se ha restaurado el río a su estado original «como es obligación legal, a pesar de haberse ordenado por la Junta de Andalucía, que tampoco ha hecho nada para que se ejecute esta restauración y que ni siquiera se ha personado en esta causa», apostillan.