SIN RESPUESTA

La sentencia dictada sobre el 'caso Prestige' desgraciadamente deja todas las preguntas formuladas en su día por la sociedad sin respuesta, al señalar que la causa del naufragio no puede ser establecida y al exonerar de responsabilidades a las muy diversas instancias administrativas y políticas, así como a los diferentes operadores relacionados con el negocio marítimo del que el 'Prestige' era parte, excepción hecha de la empresa certificadora del buque. La sentencia opta por el camino más fácil al señalar que nadie puede afirmar la causa del accidente y nadie es responsable del posterior siniestro y del daño al medioambiente.

Es más, la sentencia opta por un camino puramente arbitral cuando llega a afirmar que la decisión era discutible pero fue parcialmente eficaz, como si la ponderación de todos esos factores y causas concurrentes en el siniestro no fuera objeto del debate judicial. Lo discutible ha de ser sustanciable en la esfera de los tribunales porque ese es precisamente su papel y la eficacia ha de ser ponderada en dicha esfera porque determina las responsabilidades a las que hubiera lugar y permite la reparación de los perjudicados.

Como puso de manifiesto en el 'Informe Libro Blanco del Prestige' elaborado por la Fundación Alternativas, entre otros puntos, la decisión del alejamiento del buque de nuestras costas no tuvo en cuenta el saber profesional y científico disponible en nuestra sociedad y acumulado a lo largo de un gran esfuerzo de práctica, investigación y desarrollo de las ciencias marítimas. Conocimientos que podrían haber servido para la toma de decisiones y el despliegue de las medidas de protección y lucha contra la contaminación.

No podemos aceptar que el siniestro del 'Prestige' haya sido un accidente inevitable sino una grave catástrofe previsible y mal gestionada. La cadena de acontecimientos relativos al 'caso Prestige' es ahora mismo bastante conocida como consecuencia del esfuerzo informativo desarrollado por algunos medios de comunicación, organizaciones y asociaciones de muy diversa naturaleza, grupos profesionales y expertos en el mundo marítimo, así como ciudadanos anónimos que se han sentido concernidos por esta catástrofe. Cierto es que, sin embargo, carecemos al día de hoy de aquella información oficial que de ordinario debería haber sido puesta a disposición de la ciudadanía a través de una Comisión de Investigación, tal y como solicitaron los grupos parlamentarios de la oposición en el Parlamento o tal y como llevan a cabo de ordinario los Parlamentos de otros países que han tenido que hacer frente a situaciones como la del 'Prestige'.