Un juez ordena la apertura de juicio oral por un caso de corrupción urbanística en Grazalema

Ecologistas en Acción ha informado de que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Ubrique ha finalizado la instrucción de la denominada 'operación Pinsapar' que destapó una supuesta trama de corrupción urbanística en Grazalema, ordenando la apertura de juicio oral.

En un comunicado, Ecologistas en Acción destaca que la causa tiene su origen en las denuncias presentadas por el propio colectivo en relación al "desvío del río Guadalete en pleno casco urbano de Grazalema para permitir construir un bloque de viviendas".

Detalla que este edificio inició su construcción con licencia de obras concedida por el Ayuntamiento en agosto de 2005, siendo alcaldesa María José Lara (PSOE). Añade que "un bloque anterior colindante de la misma promotora, también ilegal, contó con licencia de su antecesor y tío Antonio Mateos", también socialista.

Apunta el colectivo ecologista que cuando se presentaron las primeras denuncias, la alcaldesa "no solo no paralizó las obras, sino que defendió su legalidad, aunque, debido a la repercusión mediática que tuvo, se vio obligada a paralizar las obras en octubre de ese año". Todo esto ha sucedido "en uno de los parques naturales más emblemáticos de Andalucía", destaca.

Afirma Ecologistas en Acción que en el auto firmado por la juez se considera acreditado que el entonces arquitecto municipal J.P. "cobraba comisiones de constructores para permitir aumentos de edificabilidad por encima de lo permitido".

En concreto, "cobró 36.000 euros de los constructores C.B. y D.D.S. para que permitiera la construcción de un edificio en la plaza La Asamblea ocupando parte del dominio público del río Guadalete y construyendo cuatro viviendas más de las permitidas", detallan los ecologistas.

Además, este constructor habría realizado de forma "gratuita" la reconstrucción de una vivienda en la finca de la esposa del arquitecto municipal. Afirma que también ha quedado acreditado J.P. "cobraba otras comisiones por obras realizadas en este municipio y cuyos proyectos se realizaban en su estudio privado de Ubrique, que compartía con el arquitecto S.C.B., haciendo la vista gorda por las infracciones que en que incurrían".

Agrega que también están imputados R.G., administrador de la empresa promotora Inmocentral, y su socio R.T., a quienes se le imputan delitos de cohecho y contra la ordenación del territorio, al igual que a C.B. y a D.D.S.

A S.C. se le imputa un delito de cohecho, a J.P. de cohecho, contra la ordenación del territorio y negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos y uno de prevaricación al exalcalde Antonio Mateos, ya que "conocía las irregularidades cometidas pero no hizo nada para impedirlas".

Ecologistas en Acción muestra su satisfacción porque esta fase de instrucción llegue a su fin "después de siete largos años", habiendo pasado el caso por varios jueces y fiscales. Recuerda que desde el año 2000 vienen interponiendo "numerosas denuncias por ilegalidades urbanísticas" ante el Ayuntamiento de Grazalema que "eran ignoradas de forma sistemática por los responsables municipales".

Subraya el colectivo ecologista que el edificio y las obras de desvío del río Guadalete fueron declaradas "ilegales" por sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Jerez de octubre de 2006, que falló anulando "la licencia de construcción otorgada por Decreto de la Alcaldía de Grazalema de 24 de agosto de 2005".

Por tanto, "la totalidad del edificio, que se encuentra a medio construir, carece de licencia de obras y debe procederse a su demolición, cosa que no se ha hecho hasta la fecha". Tampoco se ha restaurado el río a su estado original "como es obligación legal, a pesar de haberse ordenado por la Junta de Andalucía, que tampoco ha hecho nada para que se ejecute esta restauración y que ni siquiera se ha personado en esta causa", apostilla.