El Gobierno descarta transferir a Cataluña la facultad de convocar referendos

Las fuerzas soberanistas catalanas no se han puesto aún de acuerdo sobre cuál es la fórmula idónea para reclamar al Gobierno la competencia sobre los referendos, pero ya han recibido un 'no' rotundo de antemano. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, echó mano una vez más de la Constitución para recordar que la soberanía nacional reside en el conjunto del pueblo español y que por lo tanto son todos los españoles los que deben decidir lo que «son».

CiU, ERC, ICVy la CUP pretenden solicitar formalmente, a través de una iniciativa del pleno del Parlamento catalán, que se aplique el artículo 150.2 de la Constitución -el que permite al Estado transferir o delegar en las comunidades autónomas compentencias que le son propias- y se faculte así a la Generalitat para la convocatoria de una consulta sobre la independencia de Cataluña. Así, aducen los nacionalistas, nadie podría alegar que se va en contra de la ley.

El artículo en cuestión habla, en todo caso, de materias que «por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación» y, a juicio tanto del Gobierno como del PSOE, esta no lo sería.

En 2011 el Tribunal Constitucional ya anuló la 'ley de consultas' impulsada por el exlehendakari vasco, Juan José Ibarretxe, con el argumento de que vulneraba una competencia exclusiva del Estado. Eso es lo que las citadas fuerzas catalanas pretenden evitar ahora al apelar al 150.2.

Pero en aquella sentencia, el máximo intérprete de la Carta Magna dijo también que la ley era inconstitucional porque suponía la «apertura de un procedimiento de reconsideración del orden constituido» para establecer «una nueva relación entre el Estado y la Comunidad Autónoma del País Vasco». Y que tal cosa era imposible sin una reforma previa de la Constitución vigente porque afectaba al conjunto de los ciudadanos españoles.

El portavoz de CiU en la Cámara baja, Josep Antoni Duran i Lleida, defendió, sin embargo, que la fórmula a la que quiere recurrir su partido -y de la que se ha desmarcado, en cambio, el PSC- abre a la consulta sobre el estatus de Cataluña un marco legal «perfectamente encajable» en la norma fundamental española.

Cierre del modelo

Duran recordó que no sería la primera vez que el Gobierno hace uso de ese artículo y que fue precisamente un Gobierno del PP, el liderado por José María Aznar, el que lo aplicó la última vez. Lo que no tuvo en cuenta es que tanto los populares como los socialistas defienden ya desde hace años que hay que dar por cerrado el modelo autonómico y, de hecho, en su propuesta de reforma constitucional el PSOE ha llegado a plantear la supresión del artículo 150.2 y el blindaje de las facultades 'intocables' del Gobierno central; algo que ya defendía el PP durante el debate del 'Estatut'.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, reiteró, en todo caso, que la 'consulta' no es la solución a nada y que «si lo que se consulta es la independencia, como algunos quieren, esa consulta no tiene cabida en la Constitución española». En una entrevista en TV3, Montoro insistió, además, en su tesis de que los problemas de Cataluña tiene mucho que ver con la crisis y defendió que atajarla debe ser prioritaria para después abordar los problemas políticos. Pero no es eso lo que entiende el presidente de la Generalitat.

Artur Mas no solo no hizo amago de dudar en su propósito sino que argumentó que son los socialistas catalanes los que se equivocan al no secundar su iniciativa. «En este momento el tren va en la dirección que ellos querían, en la que ellos nos pidieron, que la consulta sea legal y acordada con el Estado -adujo desde Jerusalén-; lo que no tiene sentido es que cuando te piden una cosa y la haces en esa línea, se descuelguen».

Los socialistas catalanes argumentan, por su parte, que por esa vía nunca se va a llegar a un acuerdo y que solo conducirá a un choque de trenes en el que ellos no quieren particiar.

Se mantienen así en la idea del PSOE de que la consulta posible es la que se derivaría de una reforma constitucional votada por todos los españoles y, en su caso, de una ulterior reforma del Estatuto de autonomía.