La gripe de Rubalcaba aplaza el acuerdo para renovar el CGPJ

Cuando todo estaba preparado para que PP y PSOE, con la aquiescencia de CiU y PNV, anunciasen el acuerdo para renovar a los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el proceso gripal que aqueja al secretario general socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, impidió ayer que ambos partidos sellasen oficialmente el pacto, que, como consecuencia del imprevisto, se retrasará aún varios días.

El grupo socialista en el Congreso solicitó ayer a la Junta de Portavoces una semana más de prórroga, hasta el 19 de noviembre, para dar a conocer los nombres de los doce magistrados y ocho juristas de reconocido prestigio que conformarán el pleno del Poder Judicial durante los cuatro próximos años, petición que en aras a la buena marcha del acuerdo en ciernes terminó por apoyar el PP y que el presidente de la cámara convertirá en oficial. El Senado, que es el que debe designar a la mitad de los vocales, hará lo propio hoy, ya que ambas cámaras desean completar el proceso de nombramientos en paralelo.

Los motivos oficiales del aplazamiento, según la portavoz parlamentaria socialista, Soraya Rodríguez, son «razones técnicas» que reclamaban algo más de tiempo para poder cerrar los últimos flecos del pacto. Sin embargo, fuentes de la negociación indicaron que la lista de los veinte nombres se puede dar ya por acordada, sin que los dos grandes partidos hayan puesto veto alguno a las propuestas del contrario, por lo que la única razón de peso para alterar el calendario previsto para la ejecución del acuerdo es el proceso febril de Rubalcaba, que ha impedido los contactos finales y su comunicación pública.

Dado que se trata del cuarto aplazamiento que conceden las cámaras a los partidos para que concluyan sus negociaciones, con seguridad hubiese pasado desapercibido si no llega a ser porque va a alterar un calendario de renovación medido al milímetro para que concluyese el día anterior del ingreso hospitalario del Rey para que se le implante una prótesis en su cadera izquierda, previsto para el 21 de noviembre.

El acuerdo se iba a anunciar ayer u hoy, el martes próximo los plenos de Congreso y Senado designarían a los 20 juristas y al día siguiente, el 20 de noviembre, los elegidos jurarían su cargo ante el Rey, una vez que sus nombramientos saliesen publicados en el BOE.

UPyD e IU, sin cuota

El nuevo aplazamiento no parece que vaya a poner en peligro un acuerdo en principio solo pendiente de ratificación oficial, pero sí que retrasará la renovación del CGPJ hasta que don Juan Carlos reciba el alta hospitalaria y esté en condiciones de presidir el acto de juramento de los vocales. Fuentes del Ministerio de Justicia esperan que este hecho no se retrase más allá de los primeros días de diciembre.

El preacuerdo negociado prevé que el PP proponga 10 de los 20 vocales que compondrán el nuevo pleno, el PSOE dará ocho nombres y CiU y PNV, uno cada uno. De hecho, las identidades de estos dos últimos juristas de reconocido prestigio son las únicas que están oficialmente confirmadas. El grupo catalán presenta a su diputada Mercé Pigem y el vasco al constitucionalista bilbaíno Enrique Lucas.

El presidente del CGPJ, según la ley, será propuesto por el pleno, pero lo cierto es que su nombre también formará parte del acuerdo político. A día de hoy los candidatos que más se barajan para el cargo son los magistrados del Tribunal Supremo Carlos Lesmes y Juan Saavedra. El pacto debería garantizar al PP el control de este órgano que, tras la reforma realizada este año por el Gobierno, tomará incluso sus decisiones más importantes -nombramientos de la cúpula judicial o informes de leyes- por simple mayoría.

También está entre los doce nombres que se barajan para ocupar los puestos reservados a miembros de la carrera judicial el del presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska, quien parece que no ha perdido posibilidades de ser propuesto por el PP pese a las polémicas nueve excarcelaciones de etarras acordadas por el tribunal el viernes pasado con su voto decisivo.

UPyD e IU, que han quedado excluidos de las negociaciones para la renovación, descalificaron ayer que PP y PSOE mantengan su costumbre de politizar el consejo con el reparto de cuotas políticas.