Atrapadas por la morosidad

La falta de financiación y la morosidad (tanto pública como entre las propias empresas) ejerce un fatal efecto pinza sobre el desarrollo de las pymes españolas. Para atajar el segundo de esos problemas, la patronal de las pequeñas y medianas empresas (Cepyme) ha puesto en marcha una estrategia de sensibilización contra la morosidad comercial que padecen las compañías de pequeño tamaño, y que está dirigida al ámbito de las relaciones mercantiles entre las empresas y de éstas con las administraciones públicas.

Según los informes elaborados por Cepyme, los impagos han sido causa directa de la desaparición de 61.642 pequeñas y medianas empresas entre 2007 y 2012, lo que ha supuesto la destrucción de aproximadamente 600.000 empleos. Y ello, apunta la patronal, «a pesar de la moderada pero constante tendencia a la baja que se ha registrado en los niveles de morosidad desde el cuarto trimestre de 2010. Con esta estrategia, Cepyme pretende «contribuir a la progresiva reducción de los plazos de pago actuales» de acuerdo con los establecidos por la ley; «promover la difusión de instrumentos legales con los que cuentan los empresarios para controlar la morosidad, y fomentar las buenas prácticas que permitan extender la cultura del pago en los plazos acordados».

La patronal de las pequeñas y medianas empresas, en calidad de «embajadora» de la Comisión Europea en materia de morosidad, ha planteado una estrategia basada en cuatro líneas de trabajo. En primer lugar, la realización de «un análisis de la legislación comparada y de la transposición de la Directiva europea a la normativa española». Una directiva que establece un plazo legal máximo de 60 días de pago para las operaciones entre empresas (en el caso de las Administraciones Públicas, ese periodo se reduce a la mitad, 30 días).

Con ese análisis se pretende «determinar» los efectos de dicha transposición en las operaciones comerciales entre empresas, así como realizar «una serie de propuestas de modificación que permitirían eliminar incertidumbres legales y mejorar el control sobre la morosidad».

La patronal también desarrollará una aplicación, disponible en su página web, llamada el Buzón de la Morosidad. A través de esta herramienta una empresa podrá registrarse con el fin de que pueda proporcionar información sobre los plazos de cobro en sus operaciones comerciales y el cumplimiento de los mismos por parte de sus clientes. Además, se pondrá en marcha una campaña de comunicación, a través de las organizaciones empresariales asociadas a Cepyme, «con el fin de extender la cultura de las buenas prácticas en los plazos de pago y el conocimiento de los derechos y deberes del empresario en esta materia».

'Monitor de Morosidad'

Otra línea de acción es el seguimiento de las tasas de impago entre pymes mediante la elaboración de un 'Monitor de la Morosidad Empresarial', que se publicará trimestralmente. El primer número del informe, presentado esta semana, da cuenta del crédito comercial entre las empresas y del plazo medio de pago. En junio de 2013, el volumen de partidas pendientes de pagar ascendía a 224.100 millones de euros, que se abonaron a una media de 81,6 días, medio día menos que en el primer trimestre del ejercicio. Esto supone un retraso de 21,6 días respecto al plazo legal establecido (60).

De la cifra total pendiente de pago, el 66% se realiza más allá de la fecha de vencimiento (ya sea el plazo legal o el pactado entre las empresas). Con todo, este porcentaje representa un descenso del 1,5% respecto al del primer trimestre del ejercicio, y un 6,5% si se compara con el registrado a finales de 2010.

Según el estudio, desde 2008 hasta el segundo trimestre del presente año, el periodo medio de pago a las pymes se ha reducido desde los 116 días, hasta los 81,6. Y los pagos efectuados con retraso (es decir, a más de 60 días) han bajado desde los 55,8 días hasta los 21,6. Cepyme advierte de que «esta evolución positiva de la morosidad, aún siendo alta, se produce en un contexto de crisis en el que se ha producido una importante desaparición de pymes (generalmente deudoras), con una acusada caída de la demanda interna y una fuerte contracción del crédito comercial, así como de otras vías tradicionales de financiación de las empresas como el descuento comercial».

En consecuencia, «tanto la menor actividad empresarial, como la desaparición de empresas y la contracción del crédito han influido más en la progresiva reducción de la morosidad que la mejora de los comportamientos de pago».