El juez no investigará el préstamo de don Juan Carlos a la infanta
La Fiscalía había pedido que no se indagara si fue una donación encubierta porque de serlo el delito económico ya habría prescrito
MADRID.Actualizado:El juez instructor del 'caso Nóos', José Castro, no investigará si los 1,2 millones de euros que el Rey prestó la infanta Cristina en 2004 para la compra del palacete de Pedralbes fueron en realidad una «donación encubierta». La Fiscalía, en un escrito al magistrado, había pedido que no se indagara sobre esa transferencia ya que estaría prescrito «tanto a nivel penal como administrativo». Es decir, aunque hubiera una falta o delito económico estaría prescrito al haber pasado cinco años desde que ocurrieron los hechos.
En una providencia hecha pública ayer, el magistrado aclara al fiscal Pedro Horrach que no tiene «nada» que objetar o argumentar al escrito de Anticorrupción porque no ha abierto «investigación ninguna ni recabado informe» sobre si hubo algún tipo de irregularidad en ese préstamo.
La existencia de ese préstamo de 1,2 millones se conoció el pasado septiembre, después de que la Agencia Tributaria, dentro de la exhaustiva inspección fiscal a que está sometiendo a la hija del Rey por orden de Castro, hallara dos transferencias urgentes el 30 de julio y el 29 de septiembre de 2004 desde una cuenta privada del jefe del Estado a un depósito de La Caixa a nombre de Iñaki Urdangarin y Cristina de Borbón.
La Casa Real se apresuró entonces a aclarar que ese dinero correspondía a un préstamo perfectamente legal oficializado ante notario de don Juan Carlos a su hija menor. La infanta, de hecho, en sus declaraciones de impuestos entre 2004 y 2007 aseguró tener una deuda por esa cantidad.
En 2011, cuando el impuesto sobre transmisiones se rehabilitó, en la declaración fiscal que presentó Cristina de Borbón como no residente en España no se citaba dicho préstamo, que sí reapareció parcialmente en su declaración del pasado año, en la que reconoció tener que hacer frente a un préstamo de 1.050.000 euros pues ya habría pagado 150.000.
La Agencia Tributaria, como sostiene la Fiscalía Anticorrupción, argumentaba entonces que esos movimientos no tenían relevancia para la investigación porque cualquier irregularidad en el préstamo o donación estaría ya prescrita.