Los duques de Palma se quedan sin la mitad del palacete de Pedralbes

Los duques de Palma se quedan sin la mitad de su palacete de Pedralbes. Y sin la mitad de todas las propiedades que escrituraron a nombre de Aizoon, la empresa de la que son socios al 50% la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin. El juez del 'caso Nóos', José Castro, ha hecho efectiva su amenaza y nueve meses después de comenzar los trámites, ayer, ordenó el embargo de todos los bienes de Urdangarin y su socio, Diego Torres, hasta cubrir la fianza civil de 6.114.788,17 euros que les fue impuesta para afrontar sus responsabilidades pecuniarias en caso de una probable condena.

En su resolución, Castro dispone que se «practiquen las anotaciones respectivas de las trabas» en los registros de la propiedad para impedir que el yerno del Rey o Torres intenten vender esos inmuebles, lo que constituiría un delito de alzamiento de bienes.

El titular del Juzgado de Instrucción 3 de Palma de Mallorca ordena el embargo de la «mitad indivisa» de 16 propiedades, nueve de ellas del matrimonio o su empresa. Se trata de la mansión de Pedralbes de la calle Elisenda de Pinos; de una casa y un trastero en la localidad barcelonesa de Tarrasa; y de dos viviendas más en la calle Pedrera de Palma de Mallorca y sus respectivas plazas de garajes y trasteros. Excepto el palacete, que es nominalmente de Cristina de Borbón y de Iñaki Urdangarin como personas físicas, el resto de propiedades fueron escrituradas a nombre de Aizoon.

Los otros siete inmuebles pertenecen a sociedades vinculadas a Diego Torres y su mujer Ana María Tejeiro. El embargo de las «mitades indivisas» afecta a seis viviendas situadas en San Cugat del Vallés, Mataró, Mahón y Palma y a un despacho que el matrimonio posee también en San Cugat. Los inmuebles están a nombre de empresas del entramado bajo sospecha, tales como Nóos Consultoría, Intuit Strategy, Virtual Strategies o Shiriamasu.

El embargo de la casa de Pedralbes conlleva la inmediata obligación de cesar cualquier intento de venta de esa propiedad, según confirmaron fuentes judiciales. Urdangarin y la infanta Cristina trataron de vender en septiembre el palacete a través de una agencia inmobiliaria orientada al mercado ruso, 'Barcelonarent'. Los duques, que retiraron el anuncio a los pocos días de conocerse, pedían 9,8 millones de euros negociables por una propiedad que cuenta con siete dormitorios, diez baños, una parcela de 2.140 metros, piscina, zonas deportivas, ascensor interior y cristales antibalas.

La requisa de la mitad del inmueble y de los pisos de Palma y Tarrasa, no obstante, no cubre automáticamente la responsabilidad civil de Urdangarin, ya que todas esas propiedades deben ser aún tasadas. En el caso de Pedralbes, la casa la compraron Urdangarin y la infanta en «mitades proindivisas» el 15 de octubre de 2004 por 5,8 millones de euros. En la costosa reforma que emprendieron durante los tres años siguientes, el yerno y la hija del Rey invirtieron 2.976.056, 31 euros.

Importante hipoteca

Pero no es solo cuestión de la tasación, explicaron fuentes de los juzgados de Palma. También debe comprobarse hasta qué punto están pagados esos inmuebles. Desde luego, la casa de Pedralbes tiene todavía una importante deuda. Según los informes de Hacienda remitidos a Castro, los duques de Palma pidieron un crédito a 30 años a La Caixa, en cuya fundación todavía trabaja la infanta, por valor de cinco millones de euros. Según las cláusulas de ese préstamo, a partir del 30 de septiembre de 2009 y hasta agosto de 2018, el matrimonio tiene que hacer frente a una cuota anual de 100.000 euros, dividida en cuatro pagos trimestrales de 25.000. Unos pagos que Urdangarin aseguró en su última comparecencia ante el juez Castro que había dejado de hacer al quedarse sin trabajo en Telefónica. El matrimonio debía tener una visión optimista sobre su futuro financiero porque partir de 2019 y hasta 2028 se comprometió a pagar 200.000 euros anuales.

Los seis millones largos de fianza son el fruto de sumar el dinero ingresado por Urdangarin y Torres con los seis convenios que Nóos suscribió con las administraciones valencianas y balear entre 2004 y 2007, los Valencia Summits, Balears Forum y Juegos Europeos. Todos esos contratos son considerados por el juez y el fiscal Anticorrupción como ilegales por haberse saltado las normas de contratación, y por tanto todo ese dinero debe ser devuelto en su totalidad al Estado, más un tercio de penalización.

El pasado 30 de enero, el juez Castro fijó en 8.189.448,44 la fianza civil para los dos socios de Nóos para responder de las responsabilidades pecuniarias a la que se enfrentarán si son condenados por falsedad documental, prevaricación administrativa, malversación de fondos públicos y fraude a la Administración. Entonces, el magistrado dio a ambos cinco días para depositar aquella fianza, pero ni Urdangarin ni Torres lo hicieron. En mayo, no obstante, la Audiencia Provincial redujo la caución a 6,1 millones al entender que había que descontar el IVA de ese montante total.