Fianza de 764 millones para la familia Carceller por fraude fiscal

Una de las dinastías empresariales de más lustre del país verá sentarse a dos de sus más destacados miembros en el banquillo de los acusados. Así lo ha acordado el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz en un auto notificado ayer, donde abre juicio oral contra el nietro del fundador y hoy presidente de la cervecera Damm, Demetrio Carceller Arce, así como contra su padre, Demetrio Carceller Coll.

En concreto, les acusa de la presunta comisión de hasta 13 delitos contra Hacienda -seis en el impuesto de la renta (IRPF) y otros tantos en el de Patrimonio-, junto a otro de blanqueo de capitales. La misma imputación pesa contra José Luis Serrano, hombre de confianza de la familia, y el abogado Gabriel Ignacio Petrus, su asesor fiscal.

Según la cuantificación hecha por la Agencia Tributaria, que el instructor hace suya, el fraude fiscal cometido por Carceller Coll -al que habrían coadyuvado su hijo y los otros dos acusados- asciende a un total de 102,8 millones de euros (incluidos intereses de demora). Por ello, además de las penas de prisión preceptivas -48 años y medio para el principal imputado, otros 14 años para su primogénito como «cooperador necesario», 19 años para Serrano y 42 años para Petrus como supuesto cerebro de la ocultación-, la Fiscalía Anticorrupción reclama para ellos multas que superan en conjunto los 792 millones de euros.

Precisamente para hacer frente a su cuantiosa responsabilidad civil por este caso, Ruz les ha impuesto una fianza de más de 1.437 millones de euros: 511,19 millones para Carceller Coll, 402,86 millones para Petrus, 269,52 millones para Serrano y otros 253,65 millones para Carceller Arce. Los cuatro acusados tienen un plazo de 10 días para cubrir dichas sumas o, de lo contrario, se procederá al embargo de sus bienes.

Bloqueo preventivo

No obstante, en el caso del primero ya le fueron bloqueadas todas las acciones que tiene en Damm a través de la instrumental Seegrund, valoradas en 208 millones, así como los dividendos que generan. El juez podría embargar también los títulos que los Carceller controlan en Pescanova -de la que son el primer accionista-, si bien resultaría problemático al estar dichas participaciones en manos de dos empresas: un 1,6% a través de Disa (la petrolera de la familia) y otros 6,2% en Damm (de la que Disa tiene el 28%).

Para el juez, hay indicios objetivos de «la existencia de una trama defraudatoria» al fisco que se habría prolongado casi una década, a través de la ocultación del domicilio real de Carceller Coll. Este, según las tesis de la Fiscalía y la Abogacía del Estado que Ruz hace suyas, creó con varios colaboradores una estructura fiduciaria -radicada en su mayoría en paraísos fiscales- para hacer ver que su residencia estaba en el extranjero, y de esta forma «ocultar sus rentas y patrimonio real».