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Dos novios muestran sus alianzas antes de contraer matrimonio en Barcelona. :: MANU FERNANDEZ / AP
Sociedad

Bodas ante notario a 95 euros

Justicia fija la misma tasa para los divorcios y eleva la edad para contraer matrimonio de los 14 a los 16 años

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En un juzgado, en el ayuntamiento o en una hermosa capilla. Pero a partir de ahora, también en un despacho, con los pies descalzos en una playa mediterránea, en el bar irlandés de un primo, en medio del parque del Retiro, donde era 'alcalde' Mingote, o junto a 'Puppy' en el Guggenheim bilbaíno. En todos sitios, una pareja se podrá casar... si convencen a un notario para que se traslade a estos lugares. Porque el Consejo de Ministros dio ayer el visto bueno al anteproyecto de ley de Jurisdicción Voluntaria que, entre otras medidas, permite que este colectivo pueda realizar uniones y divorcios para descongestionar de trabajo a los atestados juzgados, sobre todo, los de Primera Instancia.

El precio para casarse o divorciarse ante un notario también está fijado: 95 euros, una cantidad inferior a la que cobran algunos consistorios. Sin embargo, en el caso de las separaciones y divorcios, se tiene que dar una serie de requisitos para que se pueda finiquitar la unión ante notario. Deben ser casos de mutuo acuerdo e inexistencia de hijos menores o personas con capacidad judicialmente completada (la nueva forma que la ONU pide que se identifiquen a las personas con discapacidad). Con este cambio, Alberto Ruiz Gallardón apuntó que «nada sale del ámbito de lo público» y que los jueces y los magistrados podrán dedicarse a «juzgar y hacer ejecutar lo juzgado».

Con la aprobación de este anteproyecto de ley, el Gobierno abre una nueva vía de negocio para los notarios que puede ascender a unos 10 millones, si en el caso improbable que todas las bodas civiles que se realizan en España se las quedará este colectivo. Durante el año pasado, según los datos provisionales del Instituto Nacional de Estadística (INE), se produjeron 168.835 enlaces, de los cuales 104.309 fueron civiles y 61.070 bajo el amparo de la Iglesia católica. Casi 900 parejas (891) optaron por otras religiones y 2.564 uniones 'no consta' en qué tipo se realizaron. Precisamente, los matrimonios civiles subieron un 8,7% con respecto a 2011. Los divorcios, el año pasado, fueron casi tantos como las bodas civiles: 104.262.

Edad mínima

En materia marital, el anteproyecto gubernamental también modifica la edad mínima para desposarse, que pasa a ser de 16 años. Se fija la misma que la edad mínima consentida para mantener relaciones sexuales. Junto a esta modificación viene apegada la eliminación de emanciparse por matrimonio desde los 14 años. En este apartado, España tenía una de las edades más bajas de Europa, como reconoce el Gobierno. El INE recoge que en 2012, 129 menores con 16 años o menos se casaron con el permiso paterno o judicial. Fueron 53 chicos y 76 chicas.

La propuesta gubernamental también recoge, en asuntos familiares, que los jueces sean los encargados de dar la dispensa para contraer matrimonio cuando haya impedimento por parentesco, de establecer la patria potestad y de resolver los desacuerdos conyugales en la administración de bienes gananciales. Además de casar y divorciar, los notarios podrán designar al contador-partidor dativo (persona responsable de dividir la herencia) y, en materia de obligaciones, fijarán el plazo de cumplimiento de éstas, harán el ofrecimiento de pago y se ocuparán de la consignación de deudas pecuniarias, de lo que también se podrá encargar el secretario judicial.

Por otra parte, la futura Ley de Jurisdicción Voluntaria prevé la intervención del fiscal en los asuntos de menores y la prueba de oficio cuando lo justifiqué un interés público. Además, los beneficiarios de la nueva ley de justicia gratuita contarán con un descuento del 80% en el coste de los aranceles previstos en los expedientes notariales y registrales.

Ahora, el Ministerio de Justicia va a comenzar una ronda de contactos con el Consejo General del Poder Judicial y los máximos órganos de fiscales, abogados, procuradores y notarios para recabar opiniones sobre esta modificación legislativa.