92 represaliadas por reclamar su sueldo

Resulta asombroso que una administración gobernada por socialista e Izquierda Unida, que siempre dicen estar del lado de los trabajadores y sus reclamaciones, consientan este tipo de comportamientos. Es más, resulta de una hipocresía política sorprendente que los lleven a cabo directamente en vez de admitirlos por omisión, por silencio cómplice. Porque es la Junta de Andalucía la que ha represaliado a 92 trabajadoras por el simple hecho de pedir lo que les corresponde, por reclamar el pago de nóminas atrasadas. Son las administrativas de colegios de la provincia que trabajaban para una empresa contratada por la propia administración autonómica. Dejaron de recibir su sueldo mensual y se movilizaron el pasado septiembre. Ahora, apenas una semanas después, la propia Junta de Andalucía decide eliminar esa concesión, anuncia que contratará a personal directamente y pone requisitos que son, sorprendentemente, inasumibles para las afectadas. Es decir, las mandan al paro y las sustituyen de forma casualmente coincidente en el tiempo con sus legítimas protestas. Las 92 nuevas desempleadas han iniciado protestas en las que, simbólicamente, se tapan la boca para dejar claro que su presunto delito ha sido gritar que querían cobrar su remuneración pactada, legal y lógica.

Si ese es el comportamiento de la Administración autonómica cabe reprochar poco a otras instituciones públicas cuando se ven obligadas a eliminar puestos de trabajo por cuestiones burocráticas o presupuestarias. Cuando lo hacen otros, es un atentado contra la sociedad. Cuando se utilizan métodos aún peores, por incluir un castigo implícito y cobarde que trata de encubrirse, resulta que son medidas de recorte inevitables.

Un poco de coherencia, al menos.