El Gobierno no quiere pagar los 30.000 euros ni conceder ayuda económica a Inés del Río

El Gobierno está resuelto a no pagar a la miembro de ETA Inés del Río los 30.000 euros que fijó el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo como compensación por los cinco años de más que pasó en la cárcel ni los 1.500 de costas judiciales ni conceder ningún tipo de subvención pública. No quiere hacerlo con Del Río ni con ningún otro preso de ETA que salga de la cárcel por la sentencia contraria a la doctrina Parot. Pero sabe que es difícil porque quiere introducir dos requisitos para tener derecho a las ayudas, el arrepentimiento de los crímenes cometidos y el pago de las indemnizaciones a las víctimas, y no es posible hacerlo con efecto retroactivo.

La vicepresidenta del Gobierno ha ordenado a los Ministerios de Justicia, Interior y Empleo que elaboren un proyecto de reforma legal para impedir que los presos de ETA que salgan de la cárcel en los próximos meses se beneficien de las ayudas públicas previstas el decreto de 20 de junio de 1994 con el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Lo que menos desea ahora el Ejecutivo es abrir un nuevo frente de controversia con las víctimas del terrorismo y con los sectores más conservadores del PP. La Moncloa trata de cegar esa vía con una reforma que le dé argumentos legales para no pagar esas ayudas públicas.

Soraya Sáenz de Santamaría adelantó ayer que la modificación legal incluirá para los presos de ETA dos requisitos para percibir esas subvenciones, «que se hayan arrepentido de sus crímenes» y «que tengan cubiertas sus responsabilidades civiles», esto es, que hayan pagado a sus víctimas las indemnizaciones fijadas por el juez. Se trataría, sin embargo, de dos condiciones establecidas después del cumplimiento de las condenas y, como en el caso de la doctrina Parot, serían retroactivas y por tanto de difícil encaje legal.

El grupo de trabajo interministerial, adelantó la vicepresidenta, analiza si se pueden aplicar 'a posteriori' esos condicionantes a los presos que se beneficien de la sentencia de Estrasburgo. En el caso de Inés del Río le corresponderían, de acuerdo a la ley de Seguridad Social, 426 euros al mes durante 18 meses siempre que se inscriba como demandante de empleo en las oficinas del Servicio Estatal de Empleo Estatal y no tenga otras rentas. La vicepresidenta, tras la reunión del Consejo de Ministros, puso en duda que pueda percibir esas ayudas públicas porque «no son derechos adquiridos» sino que su concesión se analiza de forma individual.

Una deuda de 253.000 euros

Menos dudas mostró respecto a la indemnización de 30.000 euros más 1.500 de costas procesales que la corte de Estrasburgo ordenó pagar a la exmiembro del 'comando Madrid' y cuyo pago han exigido sus abogados a la Audiencia Nacional, el tribunal que bloqueó el desembolso. Sáenz de Santamaría argumentó que de acuerdo a los cálculos de la Fiscalía, Del Río adeuda a la administración central 253.000 euros por los pagos que hizo a las víctimas de sus atentados. La vicepresidenta no explicó cómo calculó esa cifra el Ministerio Público porque la suma de las indemnizaciones impuestas en los distintos juicios en los que Del Río fue condenada por 23 asesinatos asciende a 19 millones de euros. «Debe al Estado lo que éste ha anticipado a sus víctimas, el Estado retiene esa cantidad y se la computará como pago a la responsabilidad civil que aún tiene asumida», y además, precisó, «no ha prescrito».

A su lado, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, acotó que no se trata de no cumplir la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sino que en este caso se va a aplicar el artículo 1.202 del Código Civil. Con ese dinero, agregó, «se va a compensar» la deuda que tiene con el Estado y «se computará como reducción de deuda» y en ningún caso «se le entregará cantidad alguna en efectivo».

Los abogados de la excarcelada sostienen en su recurso ante la Audiencia Nacional que ese dinero es una indemnización por los «daños morales» causados por el tiempo de más en prisión, y recuerdan que la jurisprudencia de Estrasburgo establece que esa compensación económica no puede ser destinada a otros fines distintos que a la indemnización de la perjudicada.