La juez de los ERE vuelve a imputar a Magdalena Álvarez y la cita a declarar como imputada

Tal y como le pidió hace una semana la Audiencia provincial de Sevilla, la juez que investiga el caso de los ERE Mercedes Alaya ha dictado un nuevo auto en el que imputa de nuevo a la exconsejera de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez y la cita a declarar el próximo día 7 de noviembre.

El auto ha sido remitido a las partes esta misma mañana, según fuentes judiciales, que explican que la juez atiende la petición de la Audiencia y concreta y motiva de nuevo la imputación a la que considera una de las personas que introdujo en los presupuestos andaluces el mecanismo de transferencias de financiación a sociedades instrumentales para pagar las ayudas sociolaborales eludiendo los controles de fiscalización.

Magdalena Álvarez, que fue responsable de las cuentas andaluzas entre 1994 y 2004, ya declaró el pasado 8 de octubre, cuando quedó imputada por los delitos de prevaricación y malversación. La también exministra de Fomento y actual vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) defendió en su comparecencia la legalidad del sistema empleado para dar las ayudas y afirmó desconocer las reticencias expresadas por la Intervención General de la Junta sobre esa fórmula. Sí concedió, no obstante, que pudo “haber un uso inadecuado” porque había formas más idóneas, aunque rechazó de plano que hubiera una “presupuestación inadecuada”.

Antes de comparecer ante la juez, Álvarez recurrió el auto de imputación al entender ue se vulneraba su derecho de defensa por su falta de motivación, dado que no conoció los delitos de los que se la acusaba hasta que no estuvo delante de la magistrada. La Audiencia provincial le dio la razón, y tras anular su imputación, reclamó a la juez Alaya que dictara una nueva resolución en la que al menos se apreciara una relación de hechos de la que colegir la acusación. Al mismo tiempo, cuestionaba que el auto de imputación de Álvarez y otra veintena de exaltos cargos de la Junta de la consejería de Economía, Hacienda y Empleo se basara en una “construcción sugerente, que no explícita, de la ilicitud penal de la actuación no sólo del Gobierno autonómico sino, al parecer, también del propio Parlamento andaluz”, de ahí la exigencia, concluía, de mayor precisión en la descripción de los supuestos hechos punibles.