Wert anuncia una implantación más lenta de la reforma educativa

La Lomce tardará más de lo previsto en implantarse. Así lo sugirió el ministro de Educación, José Ignacio Wert, al anunciar que estudian ampliar los plazos fijados para introducir la normativa establecidos actualmente en dos años a partir del próximo curso. «Estamos dispuestos a entablar un planteamiento que podría incluir una revisión del calendario de aplicación que no afectaría a la entrada en vigor de la ley, pero que implicaría un escalonamiento algo distinto», afirmó Wert en su intervención ayer en el Senado. De esta forma, el ministro trata de apaciguar las quejas de la mayoría de las comunidades autónomas, incluidas las del PP, sobre la dificultad de aplicarla a tiempo la ley y los problemas de financiación que les supondría.

El plan original del Gobierno y que recoge el propio texto es implantar la Lomce en el próximo año académico 2014-15 en los cursos impares y 2015-16 en los pares. Sin embargo, Wert admitió los problemas para cumplir con este calendario y se mostró «sensible» a las reivindicaciones autonómicas en ese sentido. Y es que aunque la Lomce está en su fase final de tramitación, aún deben aprobarse los diferentes reglamentos que desarrollan varios aspectos fundamentales de la normativa. De hecho, algunos consejeros recordaron al ministro que las dos leyes educativas anteriores fijaban un plazo de cinco años para su aplicación.

En cualquier caso, Wert dejó claro que este aplazamiento no incluye un retraso en la entrada en vigor de la normativa, sino una implantación más lenta, aunque no especificó cómo se materializaría. Sin embargo, cualquier aspecto que implique ralentizar el desarrollo de la reforma supone un importante contratiempo para el Ejecutivo, consciente de la espada de Damocles que pende sobre una normativa que los partidos de la oposición se han comprometido a derogar.

Wert realizó este anuncio en la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado, convocado para debatir la posible vulneración de las competencias autonómicas de la Lomce. El ministro rechazó que la normativa busque recentralizar la educación como le acusaron los consejeros de algunas comunidades. «Todos coincidimos en que las comunidades autónomas son las administraciones educativas», explicó. El ministro insistió en que «no existe ninguna intromisión» en las competencias autonómicas en la Lomce. «En absoluto la ley vacía de competencias a la comunidades en materia educativa», sentenció el ministro.

Frente común

Unas declaraciones que no convencieron a Cataluña, Andalucía o País Vasco, que ya anunciaron su intención de acudir al Constitucional si la normativa se aprueba. A estas comunidades se unieron Asturias y Canarias -todas las no gobernadas por el PP- para hacer un frente común contra la normativa. «Nuestra voluntad es defender hasta el final nuestro modelo lingüístico», aseguró la consejera catalana, Irene Rigau. «Representa una involución, situaría a Cataluña 32 años atrás, cuando tuvimos el traspaso por real decreto de las transferencias. Y además altera el modelo lingüístico, el catalán deja de ser troncal», explicó. También criticó el sistema curricular que otorga al Estado fijar el contenido del 100% de los contenidos de las asignaturas troncales (Matemáticas, Lengua, Historia, Geografía...). «Con este modelo, ¿qué le queda a la comunidad?», se preguntó Rigau.

«Esta ley ha roto el consenso de los grupos parlamentarios, de la comunidad educativa y de las comunidades autónomas. Si no hay rectificación, nos veremos obligados a ir al Constitucional», explicó el consejero andaluz, Luciano Alonso. La consejera vasca de Educación, Cristina Uriarte, hizo hincapié en la falta de consenso de una normativa que tiene «a toda la comunidad educativa en contra».

Por su parte, las comunidades autónomas del PP defendieron la Lomce como la mejor herramienta para mejorar los pobres resultados de los estudiantes españoles en las evaluaciones internacionales y reducir la tasa de abandono escolar temprano.