Fernández de Sousa demanda ahora a Pescanova por despido improcedente

No hay mejor defensa que un buen ataque. Eso ha debido de pensar el expresidente de Pescanova Manuel Fernández de Sousa, quien ha presentado una demanda por despido improcedente con la multinacional que dirigió durante 37 años. No obstante, el hecho es singular por varios motivos. Después de dimitir de su cargo el 17 de julio, precisamente tras conocerse un demoledor informe del auditor forense de KPMG donde se le acusaba de encabezar una trama organizada para manipular las cuentas de Pescanova, dijo que no recibiría indemnización alguna ni tendría derecho al paro. El motivo que esgrimió entonces es que carecía de blindaje de «ningún tipo».

Ahora, sin embargo, sostiene que ha trabajado «toda su vida (desde enero de 1977)» para la compañía y eso merece una compensación. Pero el problema es que en el pleito que ha interpuesto ante los juzgados de lo social de Vigo afirmó que su vinculación laboral era como trabajador «por cuenta ajena», por lo que en teoría no tendría derecho a indemnización alguna

Pese a ese pretendido carácter autónomo de Fernández de Sousa, este actuaba como director general de Pescanova, cobrando un sueldo aparte de su remuneración como presidente del consejo de administración, que ascendió a 989.000 euros en 2011 -las cuentas de 2012 aún no se han oficializado-. La nomina como directivo se le dejó de abonar en mayo pasado, tras ser relevado de su cargo por el juez que tramita el concurso de acreedores.

Su jugada recuerda a la que intentó la ex directora general de la CAM, Dolores Amorós, quien pidió sin éxito una indemnización millonaria por su despido, avalado luego por el Tribunal Supremo.

Tras intentar descargar parte de la culpa de su nefasta gestión financiera sobre la banca acreedora y la auditora BDO, conocedores -según él- de la «irreal» situación contable de Pescanova y de buena parte de las irregularidades contables que se podrían haber cometido -uso de facturas falsas y testaferros, ocultación de operaciones, etcétera-, Fernández de Sousa está a la espera de que el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz decida sobre su situación personal. Varias acusaciones piensan pedir que se decrete su ingreso en prisión provisional.

Fernández de Sousa está acusado de dos delitos societarios (falseamiento contable) y uso de información privilegiada, este último tras vender en sigilo la mitad de sus acciones antes de que Pescanova fuera suspendida de cotización por la CNMV en marzo. Tras ello quedó como segundo socio ( 7,5%) de una empresa que arrastra una deuda de 3.674 millones de euros y un déficit patrimonial de 1.667 millones.