La AUGC lleva al juzgado la gestión de las máquinas expendedoras

La denuncia pública que hicieron en septiembre la han convertido en una denuncia formal ante el Juzgado de Guardia de Arcos. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha llevado ante la Justicia la gestión presuntamente irregular que se ha hecho de una máquina expendedora de café en el cuartel arcense. Al mismo tiempo, han criticado que se siga sin dar un servicio como éste y que ni siquiera se pueda tomar un vaso de agua en el mismo por «la actitud de sus responsables».

Los hechos en los que se fundamenta la denuncia venían sucediendo desde el año 2000, fecha en que por una empresa del sector se instalaron en este acuartelamiento unas máquinas expendedoras de bebidas. Desde el principio, la empresa concesionaria, siguiendo el pacto verbal alcanzado con el oficial jefe en ese momento, entregaba mensualmente un porcentaje de la recaudación. Desde entonces, al menos seis oficiales han pasado por dicho cargo, sin que ninguno de ellos rechazara ese irregular proceder y sin que existiera registro alguno de estos ingresos.

Desde que la asociación, a través de sus miembros en Arcos, tuvo conocimiento de los hechos, comenzó a asesorar a los mismos para que formulasen los procedimientos tendentes a obtener toda la información posible. Después de dos años intentando que se regularizase la situación, aseguran que el teniente jefe del puesto principal, destinado en Arcos hasta el pasado mes de septiembre, decidió poner fin a la situación, «ordenando el desmantelamiento de las máquinas y publicando a través del tablón de anuncios una especie de finiquito donde figuraba el importe que había en la caja en ese momento y varias adquisiciones que se habían efectuado con ese dinero, según él, para el mantenimiento del cuartel».

Nulo acercamiento

Los responsables de la AUGC destacan que dicho oficial no accedió a ofrecer información contable creíble sobre ingresos o gastos. Además, destacan el nulo acercamiento demostrado, una vez más, por los mandos de la Guardia Civil hacía este colectivo y a sus miembros, al menos en la provincia, razón que aseguran les ha llevado a «acudir a la vía judicial para resolver problemas que en principio podría haberse solucionado de forma interna».