El fiscal pide siete años de prisión para el extesorero de Convergència

El fiscal anticorrupción reclama siete años y medio de prisión para el extesorero de Convergència Democrática Daniel Osàcar por un delito de tráfico de influencias y otro de blanqueo de capitales en relación al caso del expolio del Palau de la Música de Barcelona. El Ministerio Público, que entregó ayer su escrito de acusación en el juzgado y solicitó la apertura del juicio oral ante la Audiencia de Barcelona, consideró que la formación nacionalista que lidera Artur Mas se financió de manera «ilegal» a través de la «adjudicación de obra pública» por parte de la administración catalana a Ferrovial, empresa que pagaba un «peaje» al partido que situó en el 4% de los contratos ganados. El socialista Pasqual Maragall llamó a esta práctica el problema del 3% (de comisión) de CiU, que exigió una retractación.

El fiscal Emilio Sánchez Ulled cree que Osàcar habría recibido parte de los fondos ilícitos que la empresa Ferrovial pagó a Convergència a cambio de ganar concursos de infraestructuras de la Generalitat y otras administraciones autonómicas. En consecuencia solicita al juez que el exresponsable de finanzas de la formación nacionalista pague una multa de 20 millones de euros. Para el exdiputado convergente Jaume Camps pide un año y medio de prisión y que abone otra multa de diez millones.

Según el fiscal, Convergència recibió comisiones ilegales a través del Palau de la empresa Ferrovial por valor de 6,6 millones, cantidad que ahora reclama que se decomise, petición que el juez también ha dado por buena en el auto que cierra la instrucción de la causa.

En su escrito de acusación, el Ministerio Público afirma que la constructora efectuó «cuantiosos pagos» a Convergència como forma de «garantizarse un caudal relevante» de adjudicaciones parte de la Generalitat. A su juicio, el principal acusado en la trama, Félix Millet, expresidente del Palau, «facilitó el contacto» entre la empresa y el partido nacionalista, «medió en el cálculo de las ilícitas comisiones a satisfacer» y proporcionó el «disimulo» que los pagos requerían para llegar a su destino sin problemas prestando a tal fin la estructura jurídica y financiera del Palau de la Música.

Entre las tres partes se desarrolló una «trama delictiva», un «acuerdo criminal» entre 1999 y 2009, según el fiscal, fraguado en la época en que Carles Torrent, ya fallecido y antecesor de Osàcar, era el tesorero 'convergente'.

Actuación irreprochable

Convergència evitó ayer las comparecencias públicas de sus dirigentes para valorar el escrito del fiscal y se remitió a un comunicado, en el que subrayó la «irreprochable actuación» de Osàcar como responsable de finanzas del partido y de su predecesor Torrent. «Ni CDC, ni la Fundación CatDem ni ninguna persona con relación orgánica con nuestro partido se ha lucrado nunca ni del Palau de la Música ni de las instituciones que dependen de él», aseguró el partido que encabeza Mas.

Para el principal acusado por el 'caso Palau', el expresidente de la entidad cultural, y su mano derecha Jordi Montull, el fiscal pide 27 años y medio de prisión, también solicita 26 para Gemma, la hija de Montull, por los delitos continuados de malversación de caudales públicos, falsedad en documento mercantil, apropiación indebida, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y delito contra la Hacienda Pública.

Saqueadores confesos de la entidad cultural, se sospecha que Millet y Montull ejecutaron un expolio durante diez años que ronda los 30 millones de euros. El Ministerio Público cree que semejante desfalco sólo pudo ser posible durante tantos años «sin que nadie formulara reparos o diera la voz de alarma» si tenemos en cuenta el contexto, el «paisaje situado al fondo del escenario». De alguna manera, el fiscal anticorrupción describe el tan manido y mal llamado oasis catalán: «Allí se observa un círculo socio-económico y político ensimismado, donde intereses compartidos de todo tipo convergieron en una conveniente ceguera frente a cualquier asomo de irregularidad», remata en su escrito acusatorio.

Los directivos de la constructora Ferrovial, Pedro Buenaventura y Juan Elizaga, se enfrentan asimismo a cuatro años y medio de prisión, mientras que para el resto de los acusados, 17 en total, las penas que la acusación pública pide van de tres años a seis meses.

El 'caso Palau' está cerca de llegar a juicio más de cuatro años después de que se destapara la trama. Los socialistas exigieron que se asuman responsabilidades «en lo más alto del escalafón» de Convergència.