El presidente defiende en Cataluña que el separatismo es un asunto del pasado

El Foro Mediterráneo de la discordia reunió ayer en Barcelona al presidente del Gobierno y al de la Generalitat en pleno debate sobre el proceso soberanista catalán. Más allá de los gestos de cortesía y cordialidad -ambos se saludaron, hablaron un poco y se fotografiaron juntos- el encuentro escenificó la crisis institucional que existe entre ambas administraciones, el bloqueo que hay en las relaciones porque nadie parece dispuesto a ceder y la voluntad casi nula de ambas partes por el diálogo, a pesar de que no hace mucho se lanzaban apelaciones mutuas al entendimiento.

Rajoy y Mas se vieron en el palacio de Pedralbes y apenas intercambiaron frases intrascendentes sobre la agenda que tendrá el presidente del Gobierno hoy en Bruselas o sobre la historia del edificio en el que se celebró el acto, que es propiedad de la Generalitat y que fue el escenario de la cita de los ministros de Exteriores de diez países ribereños del Mediterráneo. Tres o cuatro conversaciones frías y distantes entre los dos presidentes, marcadas por el conflicto entre la Moncloa y la Generalitat, que se reflejó en los días previos con la publicación por parte de Mas del memorial de agravios del Estado a Cataluña, el plantón que dio a la vicepresidenta en la sede de la patronal catalana o con la polémica sobre el rol que debía tener el presidente catalán en el encuentro de ayer.

El Gobierno central impidió la intervención de Mas, que había reclamado un breve discurso de bienvenida a los asistentes al encuentro ministerial, lo que llevó al jefe del Ejecutivo catalán a responder con una protesta simbólica, que consistió en acudir al foro, saludar a los participantes y marcharse antes de que el presidente del Gobierno pronunciara su discurso institucional. Era su manera de decir que el Gobierno central no le deja hablar y por extensión que no permite expresarse por la vía de una consulta a la ciudadanía catalana.

Rajoy, por su parte, no desaprovechó su visita a Barcelona -«honra de España», dijo- y a Cataluña para desplegar lo que la Moncloa ha definido como la campaña sobre el derecho de los catalanes a saber una verdad distinta a la que difunde el nacionalismo, para poner el acento en que el proyecto independentista es parte del pasado y que en el siglo XXI es «imposible sobrevivir» al margen de una sociedad internacional cada vez más interdependiente. «Lo moderno es la unión, no la disgregación. El signo de los tiempos es la integración y no el aislamiento», afirmó Rajoy sobre el planteamiento de un Estado catalán desgajado de España, que como han expresado desde las instituciones europeas quedaría fuera de la UE. «El mundo camina irremisiblemente hacia procesos de integración», remató.

Estimular la ruptura

Propagar 'in situ' las consecuencias negativas de la independencia es una de las estrategias que utiliza el PP para tratar de combatir el proceso soberanista, aunque desde el nacionalismo catalán sostienen que también lo hace por la vía de la asfixia financiera de la Generalitat con los Presupuestos y el Fondo de Liquidez Autonómica.

Rajoy, mantienen desde el Gobierno de Artur Mas, trata de dejar claro que el poder de verdad está en Madrid, como ha ocurrido con las polémicas protocolarias con la Generalitat, intenta desacreditar al presidente catalán y estimula la ruptura de CiU. La Generalitat, que se siente objeto de una operación de acoso y derribo, cree que la Moncloa busca la provocación para que se alimente el concepto de choque de trenes y el miedo de algunos, Unió y los más moderados de Convergència, pueda fracturar el frente soberanista. Por ello, Mas, que tras acudir al Foro Mediterráneo se trasladó al Parlamento autonómico, acusó a Rajoy de crear tensión institucional con imposiciones protocolarias y señaló que con su marcha antes de tiempo del acto buscaba defender «la dignidad» de la Generalitat.

Desde el Gobierno catalán, en cualquier caso, se mostraron satisfechos con el resultado de la polémica con el presidente del Ejecutivo central, ya que las delegaciones extranjeras pudieron conocer de primera mano cómo trata el Gobierno central al catalán -«no dejándole hablar en su propia casa»-, lo que refleja, a su juicio, su posición intransigente ante el proceso soberanista.