Argentina investigará el fusilamiento de Lluís Companys

La justicia argentina ha admitido a trámite la querella presentada por ERC contra los crímenes del Franquismo por los asesinatos del expresidente de la Generalitat Lluís Companys y otros 47 cargos electos republicanos. Así lo ha anunciado el diputado Joan Tardà, quien presentó la querella en Buenas Aires el martes pasado, en un apunte en la red social Twitter: "La magistrada María Servini ha admitido la querella por crimen contra la humanidad por el fusilamiento de Companys", ha escrito Tardà.

Tardà defendió la querella porque el Estado ha cerrado todas las puertas para hacer justicia, por lo que el partido ha tenido que recurrir "a la justicia universal para acabar con el conocido modelo de impunidad español".

ERC quiere aprovechar la causa abierta en Argentina contra el Franquismo para personarse en ella, y considera que los tribunales argentinos pueden ejercer su jurisdicción conforme al derecho penal internacional sobre "el plan de exterminio a los cargos electos" de ERC que fueron asesinados.

El diputado ha censurado que el modelo español es una anomalía porque se declara competente para perseguir dictaduras de otros Estados mientras ha creado "una cortina de silencio y de reiterada obstrucción a la justicia sobre los crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura fascista en España".

Implicación de Francia y Alemania

El letrado argentino Carlos Sivo, encargado de conducir la causa de Companys, ya auguró que, de aceptarse la demanda "se podrá determinar e identificar judicialmente a quienes participaron de aquellos hechos e imputarlos, mas allá de que están vivos o muertos".

La investigación que habría que realizar sobre la muerte de Companys implica además de España a Francia y Alemania, ya que el presidente de la Generalitat republicana fue detenido durante su exilio francés por soldados de la Gestapo. Sivo indicó que, en términos generales, los delitos imputados en la querella son los de "privación de libertad, tormento y homicidio calificado", según está tipificado en el Código Penal argentino.

ERC propuso a la juez Servini la posibilidad de desplazarse a Barcelona para poder tomar declaración de testigos, ya que son personas de avanzada edad, y ello serviría también para acelerar el proceso.