La salida de Inés del Río abre el goteo de excarcelaciones por el fallo de Estrasburgo

La imagen de Inés del Río en las puertas de la prisión coruñesa de Teixero oculta tras una ikurriña marcó la muerte de la 'doctrina Parot' tras siete años de accidentada y polémica vida. Solo cinco horas antes, los 17 magistrados de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional habían tomado en apenas hora y media y con el apoyo incondicional de la Fiscalía una decisión histórica: no intentar tretas jurídicas para posponer lo inevitable y acatar sin discusión todos los términos y el espíritu de la sentencia del tribunal de Estrasburgo.

Con esas premisas solo pudieron ordenar la «inmediata» excarcelación de la terrorista condenada a 3.828 años de cárcel por 24 asesinatos. Tras 26 años y tres meses en prisión, la integrante de ETA volvió a la calle con la declaración expresa de que su «responsabilidad penal quedaba extinguida por cumplimiento de condena».

La Audiencia Nacional, por unanimidad, aceptó «dar leal cumplimiento» al fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y no forzar que Del Río presentara un nuevo recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Una argucia procesal, en principio legal, que solo hubiese retrasado unas semanas su liberación y que, probablemente, sí que hubiera supuesto un aviso a España, ya mucho más serio, desde la corte internacional.

El único margen que tuvo la Audiencia Nacional fue dejar a Del Río sin los 30.000 euros por «daños morales» que le han supuesto los cinco años extra de encarcelamiento y que irán a parar a las arcas del Estado, que fue quien adelantó las millonarias indemnizaciones adeudadas a las víctimas que la etarra nunca pagó.

«El Tribunal Europeo es una jurisdicción obligatoria a la que nuestro Estado se ha sometido voluntariamente», recordó el pleno del tribunal central, que insistió que «concierne a todos los poderes públicos, en primer lugar al tribunal sentenciador, reparar y evitar la actualización de la violación del derecho fundamental a la libertad». Y ello sin tener que involucrar al Constitucional, «que tendría que reaccionar anulando una decisión contraria a derecho y a los derechos humanos básicos del Convenio Europeo, para amparar a la interesada».

Sobre la mesa, en la reunión de la Sala de lo Penal, estuvo exclusivamente, en teoría, el caso de la exmiembro del 'comando Madrid', pero todos los allí presentes sabían que discutían mucho más. Tanto como la salida a la calle en breve de algunos de los 78 terroristas y criminales más violentos de ETA. La Audiencia Nacional, sin nombrar a otros presos, se esmeró primero por dejar claro que con Inés del Río no tenía ninguna capacidad de orillar la sentencia. Luego dio a entender que, sin hacer una interpretación torticera del fallo de la Gran Sala, tampoco va a tener otra opción que la excarcelación en un goteo constante de los otros 55 etarras que siguen entre rejas ya solo por la aplicación de la 'doctrina Parot' y que recurrirán más pronto que tarde.

Los 17 magistrados, a decir de fuentes del proceso, marcaron sin pretenderlo una hoja de ruta para todos los presos, incluidos los catorce violadores y asesinos afectados por la doctrina y a los que las audiencias provinciales también tendrán que dejar en libertad, conforme lleguen sus recursos.

Inminente

Los próximos dos beneficiados del fallo de Estrasburgo no tardarán en llegar. El viernes esta misma sala de la Audiencia Nacional estudiará las apelaciones y dejará en libertad con toda probabilidad a Josefa Mercedes Ernaga, condenada a 794 años por el atentado contra el Hipercor de Barcelona en junio de 1987, en el que murieron 21 personas; y a Manuel Píriz López, condenado a 61 años por el asesinato de un antiguo miembro de ETA Mikel Solaun, entre otros delitos. La primera lleva entre rejas 26 años y el segundo, 29.

La Fiscalía, consciente de que la sentencia de la corte de Estrasburgo «no deja ninguna elección», apoyó la excarcelación de Inés del Río en su escrito a la Audiencia Nacional. Es más, si se repiten «exactamente las mismas» condiciones de la etarra excarcelada, la acusación pública pedirá la puesta en libertad de los peticionarios, pero en un proceso que quiere que sea lento y muy medido.

El fiscal general, Eduardo Torres-Dulce, advirtió de que no extrae condiciones «generalizables» del fallo de Estrasburgo y que se hará un estudio profundo de las circunstancias de cada recluso. Y a «la vista del marco de la sentencia» se comprobará si pueden tener derecho a beneficiarse o no de ella. La idea del Ministerio Público es trabajar sin prisa y a fondo una vez que se haya analizado bien la resolución del tribunal europeo. «Ni vamos a ralentizar ni vamos a acelerar absolutamente nada», dijo Torres-Dulce.

El Ministerio Público tiene claro que no va a utilizar la 'plantilla' de Del Río porque el colectivo de presos excarcelables no es del todo homogéneo, dado que hay condenados por crímenes anteriores a 1995, y por tanto con derecho a beneficios penitenciarios, pero sentenciados después de 2006, cuando se dictó la 'doctrina Parot'; hay reclusos que cometieron delitos antes y después de la desaparición de esos beneficios; y otro grupo de internos a los que se les aplicó la 'doctrina Parot' sin que antes hubiesen tenido nunca liquidación definitiva de su condena, por ejemplo.

Aunque la Fiscalía tiene decidida cuál será su estrategia ante la avalancha de recursos, lo cierto es que los responsables del departamento preferirían que el Supremo no tardase en pronunciarse sobre el fallo de Estrasburgo y marcase así la pauta a seguir por los demás tribunales.