La Fiscalía descarta una cascada de excarcelaciones tras el fallo de Estrasburgo

El fiscal general del Estado ha dado a entender hoy que no hay que esperar que el fallo del Tribunal de Estrasburgo que declaró que la 'doctrina Parot' lesiona derechos de los presos a los que se aplica vaya a desencadenar una cascada de excarcelaciones de terroristas y grandes delincuentes, 78 de los cuales podrían ya abandonar la prisión si se les retirase de inmediato este cómputo agravado de los beneficios penitenciarios, por tener entonces cumplidas sus condenas de forma íntegra.

Eduardo Torres-Dulce ha admitido, no obstante, que la sentencia lo que sí deja claro es que la aplicación de esta jurisprudencia del Tribunal Supremo ha lesionado los derechos de la etarra Inés del Río, que fue quien recurrió al tribunal europeo, motivo por el que tendrá que ser liberada de manera inminente.

Sin embargo, considera que el fallo de la corte de Derechos Humanos solo obliga a ser ejecutado "en sus estrictos términos", es decir, en lo concerniente a Del Río, pero que de la sentencia no cabe extraer ni que declare derogada la 'doctrina Parot' ni que sus consecuencias sean automáticamente extensibles al resto de los reclusos a los que se le aplica esta jurisprudencia desde 2006.

Cree que la sala de Estrasburgo, de hecho, "no cuestiona en sí misma la 'doctrina Parot' sino solo la aplicación retroactiva de la misma". Por este motivo, anticipó que el criterio de su departamento para el resto de los delincuentes afectados por la doctrina es que se estudiará si pueden o no beneficiarse del fallo europeo caso por caso y sin prisas.

Aunque no lo dijo explícitamente, se entendió de su disertación que este puede ser un proceso relativamente largo, no tanto por una labor obstruccionista del Ministerio Público ante una sentencia que no oculta que no le satisfizo en absoluto sino por la propia dificultad técnica que conlleva la amplia revisión de las condenas, que puede afectar a dos centenares de reos con múltiples delitos y diferentes situaciones jurídicas en cada caso. "Ni vamos a ralentizar ni a acelerar absolutamente nada", concluyó el fiscal general del Estado.