Rajoy mantendrá su presión sobre ETA e insiste en que no habrá impunidad para nadie

La decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de tumbar la 'doctrina Parot' era esperada por el Gobierno. Todos los indicios que llegaban de Estrasburgo auguraban un desenlace contrario a las tesis de la Abogacía del Estado en su recurso. La respuesta que el Ejecutivo dio ayer a la sentencia tuvo como principal objetivo construir, a partir de la máxima invariable de que mantendrá su presión policial y judicial sobre ETA, una barrera de argumentos con los que intentar contener la indignación de las víctimas, pero también el malestar que provoca en el sector más conservador del PP la excarcelación de decenas de terroristas con graves delitos.

El Gobierno, en esta ocasión, intentó hilar fino y organizó una comparecencia conjunta de los ministros de Justicia e Interior, Alberto Ruiz Gallardón y Jorge Fernández Díaz, para incidir en que acatará la resolución de Estrasburgo, como lo hacen todos los estados miembros de la Unión Europea, pero con la garantía de que tanto la Fiscalía General del Estado como la Audiencia Nacional revisarán «uno a uno» todos los casos pendientes para evitar una salida masiva de la cárcel de los terroristas.

Por lo tanto, los máximos responsables de Justicia e Interior negaron que se vaya a producir una desbandada y recordaron, además, que solo afecta a los presos que cometieron sus delitos antes de la entrada en vigor del Código Penal de 1995, que eliminó la posibilidad de reducir las condenas a terroristas y asesinos. Ambos ministros lamentaron la decisión de la corte europea y admitieron el «dolor» que esta sentencia va a provocar entre aquellas personas que padecieron la violencia terrorista. Tampoco fue casualidad que Fernández Díaz hiciera hincapié en que el Gobierno «no ha negociado, ni negocia ni negociará con ETA», un temor que alberga una parte del PP y las asociaciones de víctimas.

Una de las ideas que la Moncloa destacará más tras el revés propiciado por el Tribunal de Estrasburgo es que «ETA ha sido derrotada por los demócratas y no volverá más». Y uno de los aspectos de la sentencia que más enerva al Ejecutivo es el apartado que obliga a España a indemnizar a la etarra Inés del Río con 30.000 euros más 1.500 euros en concepto de costas. Gallardón dejó claro que, en ningún caso, este dinero se entregará a la exmiembro del 'comando Madrid'. El ministro de Justicia explicó que estas cantidades pasarán a enjugar parte de las contraprestaciones económicas con las que la etarra debe resarcir a los familiares de todas sus víctimas y que, al declararse insolvente, adelantó el Gobierno. Fernández mandó otro recado al entorno del colectivo de presos de ETA, no habrá «impunidad» y no tolerará ningún acto de exaltación del terrorismo ni ningún gesto que humille a los damnificados durante las futuras excarcelaciones.

Por otra parte, todas las formaciones del arco parlamentario analizaron la decisión de la máxima instancia europea en la defensa de los derechos humanos. El secretario de Organización del PSOE, Óscar López, indicó que a España sólo le resta acatar la sentencia de la corte europea«por más que a los socialistas nos repugnen el dolor que esta sentencia provocará en víctimas y familiares».

Menos beligerante se mostró el PNV. De hecho, el lehendakari, Iñigo Urkullu, indicó que este fallo debe entenderse como una «oportunidad para una nueva política de paz». El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, solicitó a Mariano Rajoy que consensúe «una nueva etapa en la gestión de la política penitenciaria», concebida como «una política de Estado para la paz y no como una venganza».

UPyD demostró que tiene un punto de vista muy diferente a los nacionalistas vascos en esta cuestión. Gorka Maneiro, portavoz de UPyD en el País Vasco, vaticinó que las consecuencias «van a ser dramáticas» y que la resolución supone «una bofetada a las víctimas del terrorismo».

Para Gaspar Llamazares, de Izquierda Unida, la sentencia supone un «varapalo que avergüenza a España» y reclamó al Ejecutivo de Rajoy que aplique las sentencias «sin subterfugios (legales)».