El Gobierno rechaza la petición de las víctimas para incumplir el fallo

Un «mal día» para las víctimas. Así definieron ayer María del Mar Blanco, presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, y María Ángeles Pedraza, presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de tumbar la 'doctrina Parot'. Una decisión que, a juicio de Blanco, es un «disparate jurídico, político, moral y ético».

Es más, la representantes de dos de las asociaciones más importantes de víctimas de España solicitaron a los ministros de Justicia y de Interior, Alberto Ruiz Gallardón y Jorge Fernández, que el Gobierno no acatase la sentencia. «Sé que es difícil, pero en el Reino Unido lo hicieron», acotó Pedraza.

La respuesta del ministro de Justicia fue tan clarificadora como contundente: si España no cumple con esta sentencia de la corte de Estrasburgo estará violando el derecho internacional y los tratados europeos que España se comprometió a defender.

Lo que sí lograron fue el compromiso de Ruiz-Gallardón de que las cárceles no se abrirán de par en par para los etarras de un día para otro. «A ningún español le gustaría ver la foto de una salida masiva de presos de ETA de las cárceles», apostilló la hermana de Miguel Ángel Blanco. La presidenta de la fundación alertó de la contradicción que supone que las personas que más han vulnerado los derechos humanos en España, los miembros de ETA, logren el amparo del Tribunal de Derechos Humanos.