La Junta rompe 18.000 ilusiones

La figura de la vivienda de protección oficial era una de las de mayor utilidad social en el escenario urbanístico español. La teoría dice que deben ser pisos de superficie limitada y precio controlado, con unas normas de compra y venta sujetas a plazos concretos, además de responder a la renta de los propietarios, que tiene un límite. Deben ser, además, compradores que no tengan ninguna otra propiedad inmobiliaria. Hasta ahí la teoría básica pero luego viene la ejecución, la práctica. En ese apartado fundamental deben entrar las administraciones, en el caso de Cádiz la Junta de Andalucía, para crear el parque suficiente para que los posibles destinatarios puedan acceder a ellas. Y en esa mitad clave falla el gobierno regional. Desde hace años, la promoción de estas viviendas, que deberían estar a salvo de la cruda realidad del mercado, ha menguado de forma escalofriante. Pero el paroxismo de esta renuncia ha llegado este año. El nuevo Plan de Vivienda de la Junta para la Bahía de Cádiz no contempla ni una sola vivienda de protección oficial. Los ayuntamientos de esta comarca, con casi medio millón de habitantes, tenían previsto en sus planes urbanísticos la construcción de hasta 18.000 pisos protegidos que ahora serán 18.000 ilusiones rotas.

Ni una está previsto crear aunque los gobiernos municipales habían reservado espacios preferentes para una actuación fundamental. Este chasco refleja la falta de prioridades sociales de una Junta de Andalucía que mientras se da golpes de pecho para evitar desahucios, impide el acceso de la clase media andaluza y gaditana a la única vivienda a la que puede acceder de forma razonable. Los jóvenes, además, son los peor parados de una política incomprensible.