La Junta alerta de un doble recorte autonómico por el nuevo plan de ajuste del Gobierno

El Gobierno andaluz evaluó ayer las repercusiones del Plan Presupuestario enviado por el Ministerio de Economía a Bruselas y en el que se contempla un recorte de 8.000 millones de euros en dos años para las comunidades autónomas y de 3.600 a los ayuntamientos. El Ejecutivo andaluz alerta de que el plan le va a suponer un doble ajuste, puesto que además del correspondiente a las autonomías tendrá que hacerse cargo de competencias municipales que se verán afectadas por el citado plan. Los ciudadanos, estima el Gabinete regional, se verán perjudicados de nuevo en la prestación de los servicios sociales básicos que corresponden a las comunidades autónomas».

Sin embargo, tanto el ministro de Economía, Luis de Guindos, como la delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, insistieron en que no se trata de ajustes añadidos, sino de los ya previstos en la senda de reducción del déficit contenida en el programa de estabilidad 2013-2016 enviado a Bruselas. «No hay ninguna modificación», dijo De Guindos. Crespo aseguró que no se han aprobado medidas de ajuste del déficit adicionales a las ya pactadas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

No es esa la opinión de la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, que asegura que el plan tiene una «importante incidencia» y habla de «nuevo hachazo» a las autonomías, que se suma al gran esfuerzo de ajuste que han cumplido hasta ahora.

La Junta ha mostrado su preocupación porque el recorte a los ayuntamientos por las llamadas «competencias impropias», que cifra en 3.735 millones para el periodo 2013-2019 va a suponer «un recorte nuevo e inducido que perjudica a las comunidades autónomas», ya que «en la práctica supone que las corporaciones locales dejarán de prestar servicios esenciales a la ciudadanía, pero sin que esto se compense de ninguna manera a los gobiernos regionales que asumirán estas competencias». De ahí que la institución hable de «una nueva vuelta de tuerca a la situación de agravio que deberán soportar estas administraciones en los próximos años».

Según indica Hacienda, las regiones deberán realizar un ajuste en sus gastos de 1.927 millones de euros en 2014 y otros 2.192 millones en 2015, lo que supone más de 4.000 millones menos con los que cuentan las comunidades para su día a día.

La consejería de Hacienda también discrepa del documento presentado en su estimación de incrementos en los ingresos de las comunidades autónomas: «no parece real una vez que se examina los presupuestos de las distintas autonomías y donde no aparece tal crecimiento en los ingresos», indica en un comunicado.

Las reacciones políticas no se hicieron esperar. El primero en valorar el documento fue el vicepresidente y líder de IU Diego Valderas, que destacó el sometimiento del Ejecutivo central a los designios de Bruselas, mientras que el vicesecretario general del PSOE, Mario Jiménez, lamentó que este nuevo ajuste no se haya negociado con las comunidades autónomas y manifestó que Rajoy «ha decidido enterrar el Estado del Bienestar.

José Luis Sanz, secretario general del PP de Andalucía, se alineó por su parte con el Gobierno y aseguró que el Gobierno andaluz miente. «El bipartido andaluz, aseguró, se agarra a un clavo ardiendo para intentar justificar sus recortes», porque «utiliza mentiras y alarmas innecesarias sobre medidas adicionales del Gobierno de España que no existen».

El dirigente del PP-A cree que la Junta «no tendrá que hacer ajustes derivados de nuevas exigencias del Gobierno, ni los servicios sociales en Andalucía se verán afectados por este motivo». Sin embargo, aseguró que el Ejecutivo andaluz «sí tiene previsto hacer recortes que afectarán a las políticas sociales», de ahí que busque «fabricarse una coartada» a costa del Gobierno de Mariano Rajoy.