Los fiscales de Sevilla critican los abucheos a Alaya y apoyan a sus compañeros en el 'caso ERE'

La tensión entre fiscales y jueza en el caso de los ERE tuvo ayer un nuevo capítulo. La junta de fiscales de Sevilla emitió un comunicado en el que rechaza los abucheos que sufrió Mercedes Alaya por parte de algunos sindicalistas de CC OO y UGT hace ocho días, pero al mismo tiempo también respalda la labor que están llevando a cabo los compañeros de Anticorrupción en el caso, Juan Enrique Egocheaga y Manuel Fernández Guerra, enfrentados en varias ocasiones con la magistrada.

El comunicado se interpreta como un intento de limar asperezas, después de una semana de tensión entre el ministerio público y la instructora de los ERE fraudulentos. La solidaridad con la jueza y las críticas a los abucheos de la junta de fiscales obedece a la petición de los propios Egocheaga y Fernández Guerra, según reza la nota.

Los fiscales sevillanos han tardado en sumarse ocho días a las críticas por las protestas de los sindicalistas frente a los juzgados cuando Alaya tomaba declaración a los detenidos en la operación Heracles 2, entre ellos dos dirigentes de UGT y CC OO. El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, sin embargo, fue de los primeros en deplorar los incidentes en los que varios manifestantes llamaron «fea», «hortera» y «pepera» a la jueza, que desde entonces lleva escolta policial. El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Jesús Calderón, también criticó esta semana los abucheos, lo mismo que la junta de jueces sevillanos mostró un enérgico rechazo a la actuación sindical.

La junta de fiscales requiere respeto «hacia la tramitación de cualquier proceso judicial», lo que no quita, por otro lado, que sea compatible con el derecho a «ejercer la crítica de las resoluciones judiciales».

La junta de fiscales aprovecha la comunicación para apostillar su más «rotundo» respaldo hacia la labor que están realizando los fiscales Anticorrupción «bajo los principios de legalidad e imparcialidad», en clara alusión a los del caso de los ERE.

Fianza

Mercedes Alaya ha impuesto una fianza de 2,1 millones de euros al exdiputado socialista Ramón Díaz, que trabajó como asesor en la Consejería de Empleo. La magistrada le acusa de los delitos de prevaricación, malversación y tráfico de influencias. La magistrada le acusa de participar en la inclusión de intrusos en varios expedientes de regulación y de mediar para la concesión de ayudas irregulares a empresas a sabiendas del procedimiento inadecuado. Díaz, que se acogió a su derecho a no declarar, «era consciente que nadie controlaba el destino dado a las ayudas, lo que obviamente incrementaba el despilfarro de las mismas», según la magistrada.

Mercedes Alaya también pidió fianzas civiles millonarias para otros excargos de la Junta como el exconsejero de Empleo Antonio Fernández (870 millones de euros); Antonio Lozano (46), Buenaventura Aguilera (un millón) y Justo Mañas (7,2 millones).