El Constitucional admite el recurso de Andalucía contra la Ley de Costas
SEVILLA.Actualizado:El pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite varios recursos planteados contra varios artículos de la ley de protección y uso sostenible del litoral, que modifica la Ley de Costas de 1988, presentados por el PSOE y las comunidades de Andalucía, Asturias y Canarias.
La Junta formalizó en septiembre su recurso, centrado en una decena de preceptos de la citada norma, por considerar que supone un «ataque frontal» a la protección del dominio público marítimo-terrestre y a las competencias autonómicas en ordenación del territorio y urbanismo, así como también por favorecer su privatización.
En concreto, el Ejecutivo andaluz considera que la nueva regulación prima intereses particulares, favorece la privatización de espacio del litoral, limita su uso público, reduce el papel garantista de la administración y promueve desarrollos urbanísticos insostenibles.
Entre los artículos recurridos destaca el 1.2, que cambia la propia definición del Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT) sustituyendo las realidades naturales y comprobables de los límites que marcan las mareas por unos «criterios técnicos» que se establecerán «reglamentariamente». Para el Gobierno andaluz, esta remisión abre la puerta a que terrenos anteriormente protegidos sean ahora susceptibles de urbanización.
La nueva norma estatal excluye también del DPMT los terrenos inundados artificialmente con destino a cultivos marinos o salinas, incluso en el caso de que sean naturalmente inundables (el artículo 1.39), lo que, en opinión de la Junta, supone otra tergiversación arbitraria del concepto de dominio público.
El Gobierno andaluz considera también que una adulteración similar se introduce al reintegrar al dominio privado los terrenos de antiguos propietarios que, tras la Ley de Costas de 1988, ya fueron compensados con el justiprecio de una concesión temporal (disposiciones adicionales quinta y sexta). Con ello, y de forma «injustificada», se abre la vía para que determinados bienes patrimoniales vuelvan a ser privados.