El Gobierno logra que el PNV retire el veto a su reforma local por la singularidad vasca

El contundente rechazo del conjunto de las fuerzas de la oposición a la reforma local del Gobierno se vio atenuado ayer por una baja en las filas del no. El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, logró que el PNV retirara a última hora su enmienda a la totalidad a cambio de preservar el papel de las diputaciones forales vascas en su relación con los ayuntamientos. El resto de grupos, sin embargo, insistió en que la norma, que ahora inicia su tramitación en al cámara baja, será nefasta para los ciudadanos.

El PSOE amenaza desde hace semanas con presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional tan pronto como la ley sea aprobada y ya ha conseguido el apoyo de otras fuerzas políticas. Su responsable en materia municipal, Gaspar Zarrías, volvió a poner sobre el tapete los aspectos que, a su juicio, hacen más dañina esta reforma: vaciará de competencias a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, cuyos servicios pasarán a ser prestados por las diputaciones, instituciones menos cercanas y no elegidas por voto directo, mientras que los servicios sociales se abrirán «de par en par», dijo, a la privatización porque las comunidades que tendrán que asumirlos no van a recibir financiación extra.

La crítica fue rechazada por el PP. No obstante, la reforma tampoco cuenta con el visto bueno de algunas autonomías del PP. El portavoz de la Junta de Castilla y León y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, advirtió de que el Gobierno autonómico luchará «hasta el último minuto» por modificar su contenido. Y el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, expresó su «inquietud» precisamente porque tendrá que asumir servicios en materia de educación, sanidad y servicios sociales, que hasta ahora prestaban los ayuntamientos sin disponer de más dinero.

El popular José Matarí argumentó que son las deudas con los proveedores las que ponen en riesgo la prestación de servicios sociales y adujo que muchos ayuntamientos del PSOE o de IU han privatizado ya servicios como la asistencia a domicilio o la empresa municipal de la vivienda. En todo caso, tanto él como Montoro prometieron negociar para incorporar nuevos apoyos a un plan con el que, dicen, se ahorrarán 8.024 millones de euros entre 2014 y 2019.