La Fiscalía urge a la Guardia Civil a culminar la investigación de los ERE para evitar prescripciones

La Fiscalía Anticorrupción mueve ficha en el caso de los ERE fraudulentos y en dos escritos dirigidos a la jueza instructora Mercedes Alaya le dice que no puede informar sobre la fecha de la posible prescripción de los delitos si previamente no recibe los atestados de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil con datos de los intrusos y las ayudas fraudulentas a las empresas. Por ello, urge a la UCO a «acelerar» la investigación para evitar que no se pueda recuperar el dinero defraudado ni penalizar los delitos si estos prescriben .

Alaya, en un auto del pasado 4 de octubre, requirió a la Fiscalía que informara sobre el periodo de prescripción que «maneja» a fin «de decidir si procede encomendar la investigación» a la Guardia Civil «de las ayudas sociolaborales más antiguas». La jueza había reprochado a los fiscales en otro auto relativo al caso Mercasevilla, y en un tono desabrido, que pidieran investigar hechos que habían prescrito, culpando de este modo al ministerio público de su archivo de diligencias contra varios empresarios, entre ellos dos hermanos de la ministra Fátima Báñez.

En un escrito, los fiscales del caso de los ERE, Juan Enrique Egocheaga y Manuel Fernández, responden a la magistrada que no es posible «con carácter previo ni en abstracto», tipificar las conductas o enumerar los posibles delitos cometidos ni su fecha de comisión «en tanto en cuanto no se reciban los atestados de la UCO» sobre cada una de las empresas y ayudas concedidas e identidad de las personas implicadas en el fraude.

En otro escrito, en el que los fiscales dicen desconocer las directrices que Alaya ha dado a la UCO, recuerda que ya advirtió a la magistrada en escritos de octubre de 2012 y de septiembre de este año «la necesidad de priorizar» la investigación de las primeras ayudas sociolaborales (2000-2003) al objeto de «evitar que determinadas personas físicas puedan quedar exoneradas de su responsabilidad penal por el instituto de la prescripción».

Alaya siguió ayer con otra maratoniana jornada de interrogatorios. La toma de declaración más llamativa fue la del exviceconsejero de Empleo Justo Mañas, quien ejerció el cargo ya en el Gobierno de Griñán. Alaya entiende que Mañas, que se negó a declarar, siguió aplicando el mismo sistema ilegal en la concesión de las subvenciones pese a la aplicación de un nuevo procedimiento, la encomienda de gestión, que según la jueza solo sirvió «para aparentar un cambio que en realidad no se produjo».

La magistrada, que le acusa de malversación, prevaricación y omisión de perseguir delitos, le pide una fianza civil de siete millones de euros. La jueza relata que la funcionaria María Josefa Jofra le advirtió de la situación y , «en tono jocoso», el exalto cargo le contestó: ¿tengo que ir a Fiscalía?».