CCOO admite «desorden» en la gestión de los ERE, pero niega financiación ilegal

CCOO reconoce que hubo «desorden en la facturación» de sus servicios de asesoramiento en los expedientes de regulación de empleo pagados por la Junta de Andalucía, pero descarta que, como sostiene la jueza instructora del caso ERE, haya habido financiación ilegal o enriquecimiento personal. No obstante, tras cargar toda la responsabilidad de la tramitación de las prejubilaciones en la administración autonómica, sí admite también que se perciben «algunos indicios de comportamientos reprobables».

El papel de los sindicatos en el escándalo de corrupción de los ERE ha puesto a estas organizaciones en el punto de mira, de ahí que fuera el propio secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, acompañado del responsable en Andalucía, Francisco Carbonero, desvelara el contenido de la investigación interna. Una auditoría realizada a raíz de que el pasado marzo Mercedes Alaya señalara en uno de sus autos que los entornos sindicales se lucraron con cerca de 7,6 millones de euros procedentes de las jugosas sobrecomisiones que la Junta pagaba a los intermediaros en las pólizas de prejubilación. Avalada por declaraciones de varios implicados y atestados policiales, no dudó en señalar que los sindicatos eran los «facilitadores» que ofrecían a las empresas en situación delicada las prejubilaciones con financiación pública.

Toxo negó tajantemente estos extremos e insistió en que CCOO «no ha cometido ninguna ilegalidad y no ha formado parte de ninguna trama» de reparto de comisiones. Recordó que el papel de los sindicatos en la negociación de un expediente de regulación de empleo es una intervención «especializada» en la que se ofrece «asesoría jurídica, económica y actuarial» a los trabajadores. Una labor que «tiene un coste» que «debe ser retribuido», de igual manera que se paga a las consultoras o despachos de abogados a los que acuden las empresas.

El líder de CCOO entonó entonces una autocrítica a medias. Reconoció que el «sistema de facturación y los cauces empleados son manifiestamente mejorables», y que debían haber facturado a la propia empresa y no a la consultora, de ahí que ahora en adelante hayan decidido que «no se financien costes de actuación en un ERE con cargo a los fondos públicos».

Sin embargo, Toxo cargó el grueso de la responsabilidad en la administración autonómica. «No se puede adjudicar al sindicato el diseño de ayudas que hizo el Gobierno andaluz para atender a las empresas en crisis», subrayó.

En este sentido, tildó como «chapuza administrativa» el sistema implantado por la Junta porque permitió que «aparezcan intrusos que no lo son o pólizas que tenían que estar en un sitio y han estado en otro, aunque el sindicato no ha participado de ello».