Largo, agitado y polémico

Pocos procesos en la historia judicial española han tenido una vida tan accidentada y politizada como el 'caso Faisán' que ayer, después de siete años y medio del controvertido 'chivatazo' en las inmediaciones el bar Faisán del barrio irunés de Behobia, ha tenido su primera sentencia, pero que no será la última porque la controversia continuará en el Tribunal Supremo con los anunciados recursos de acusadores y condenados.

La vida procesal de este sumario ha sido de todo menos tranquila. Para empezar tuvo la particularidad de que la investigación llegó a involucrar a cuatro jueces, Fernando Grande-Marlaska, Baltasar Garzón, Pablo Ruz y, en Francia, a Laurence Levert, con actitudes muy diversas frente al caso. Garzón se empeñó en dar carpetazo al asunto hasta el punto que en 2010 la Sala de lo Penal le obligó a reabrirlo contra su voluntad; Ruz resucitó con bríos la investigación a su llegada al juzgado en enero de 2011 y llegó en un primer intento a procesar al exdirector de la Policía Víctor García Hidalgo antes de que la Sala de lo Penal le parara los pies y, en una decisión poco común, le ordenara que siguiera investigando, pero no en la dirección de García Hidalgo ni de sus superiores.

La propia Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional, que se vio obligada a intervenir en numerosas ocasiones para poner orden, tuvo una posición cambiante. A veces, parecía que apostaba por ir hasta el fondo de las investigaciones, como cuando impidió que Garzón archivara el asunto, para luego, como sucedió con Ruz, frenar las maniobras del instructor para llegar a la cúpula del Ministerio del Interior de Alfredo Pérez Rubalcaba.

Pero para cambiante, la opinión de la Fiscalía según variaba el color del Gobierno. En octubre de 2009, con el PSOE en el Ejecutivo, llegó a pedir el archivo por entender que apuntar a los policías o a sus superiores era una «mera especulación». Hasta que en abril del año pasado, ya con los populares en el Gobierno, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, intervino en persona para forzar a sus subordinados a mantener viva la posibilidad de que José María Ballesteros y Enrique Pamiés pudieran ser condenados por el más grave de los delitos, el de colaboración con ETA.

Inundado

La política, además, inundó toda la instrucción, sobre todo entre 2008 y 2011, durante la última legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, y en coincidencia con la intensificación de las informaciones de que ETA iba a anunciar el abandono de las armas, como ocurrió el 20 de octubre de 2011.

La posibilidad, aunque fuese remota, de que terminaran citados en la Audiencia Nacional siquiera como testigos los exministros de Interior Alfredo Pérez Rubalcaba y, sobre todo, Antonio Camacho, secretario de Estado en el momento de los hechos, crispó los ánimos en la vida política hasta unos extremos de beligerancia parlamentaria entre Gobierno y oposición con el terrorismo como argumento solo comparable a los casos de los GAL y los atentados del 11-M.

El PP llegó a personarse como acusación en la causa judicial y rara era la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso en la que los dos arietes parlamentarios de los populares en este tema, Ignacio Gil Lázaro y el actual director de la Policía, Ignacio Cosidó, no interpelaran a Rubalcaba o a la entonces vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, sobre las novedades del sumario. Fueron además decenas las preguntas escritas que se registraron en la Cámara baja sobre el 'chivatazo', con un ritmo creciente conforme se acercaba el momento de la declaración de alto el fuego de la banda terrorista.