El Ejecutivo asegura que «respeta y acata» la sentencia

La sentencia que cierra el primer capítulo del 'caso Faisán' -el epílogo lo escribirá el Tribunal Supremo-, fue acogida con corrección institucional por el Gobierno y por el PSOE, y con indisimulada indignación por las asociaciones de víctimas del terrorismo y los sindicatos de la Policía.

La valoración gubernamental la realizó el titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, que se limitó a decir que el Ejecutivo «respeta y acata» el fallo de la Audiencia Nacional, «como hace siempre ante cualquier resolución judicial». Nadie más en el Gobierno entró a valorar la resolución de un caso del que hicieron una gran batalla política cuando eran oposición. Ni siquiera habló el ministro del Interior, que declinó responder a la pregunta.

De las filas populares el único que se saltó la consigna de perfil bajo fue el diputado que más acosó al exministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba con este escándalo. Ignacio Gil Lázaro dijo que el fallo demuestra que el actual líder del PSOE «mintió» durante años al Congreso, ya que cree que la sentencia demuestra que el 'chivatazo' existió, que tuvo una finalidad política dentro del llamado proceso de paz, y que causó «grave daño a la causa pública».

El aludido Rubalcaba despachó el trámite con la doble idea del respeto a la resolución y de que la última palabra sobre el asunto la dirá el Supremo, que tendrá que revisar la sentencia porque va ser recurrida por las acusaciones particulares, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y Dignidad y Justicia. De hecho, la primera ha facilitado un número de cuenta para lograr los 12.000 euros que cuesta impugnar.

Estas dos organizaciones fueron las más críticas con el fallo, que tildaron de «indecente» e «ignominia». La presidenta de la AVT, Ángeles Pedraza, como también hizo la responsable de la Fundación de Víctimas, María del Mar Blanco, coincidieron en exigir que la Justicia continúe con su trabajo, hasta llegar a la cúspide del caso, a qué alto mando o dirigente político habría dado la orden a los policías del 'chivatazo'. En caso contrario, pidieron a los propios agentes que lo delaten.

El principal sindicato del Cuerpo Nacional de Policía, el SUP, cree que la Audiencia Nacional ha dictado una sentencia a la medida de las necesidades y los deseos del Gobierno. Su portavoz no tiene duda de que se está ante un proceso judicial «politizado» y ante una investigación, que calificó de «montaje», que no tendría otro objetivo que ocultar a los verdaderos responsables del soplo.