Las víctimas piden investigar quién dio «órdenes superiores»

Tras siete años de proceso, la Audiencia Nacional por fin hoy ha dictado sentencia sobre el denominado 'caso Faisán' y ha condenado al ex jefe superior de Policía del País Vasco Enrique Pamies y al inspector jefe José María Ballesteros a un año y medio de prisión y cuatro años de inhabilitación por revelación de secretos por el chivatazo a ETA en el bar Faisán, que frustró una operación en 2006. Las reacciones no se han hecho esperar.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha manifestado el "respeto" y "acatamiento" del Gobierno a la sentencia, como, ha dicho, el Ejecutivo "hace siempre ante cualquier resolución judicial". "Lo que siempre hacemos es recordar que por la división de poderes que establece la Constitución le corresponde al poder judicial juzgar y hacer ejecutar lo juzgado y por lo tanto el Gobierno lo que hace siempre ante cualquier resolución judicial es manifestar su respeto y su acatamiento", ha reiterado el ministro.

El secretario general del Sindicato Profesional de Policía (SPP), José Antonio Calleja, ha mostrado hoy su "profunda y tremenda decepción" al conocer la condena. "La sentencia de la Audiencia es una copia del informe del equipo que investigó la filtración que apuntaba como responsables a Pamies y Ballesteros", ha destacado Calleja para quien la sala tercera de lo Penal de la Audiencia ha asumido por completo la tesis de los policías que desde el principio acusaron a los dos agentes.

La Confederación Española de Policía (CEP) está "decepcionada" por la sentencia porque no resuelve la "instancia política" que, a su juicio, decidió el chivatazo. El secretario general de la CEP, Ignacio López, cree que la sentencia "debería haber abordado de forma más ambiciosa el verdadero motivo de este delito, que era favorecer un proceso de carácter político". De este modo, ha subrayado que "ningún policía toma una decisión de ese calibre si no es auspiciada por un control político", bien una "instrucción" o bien "presiones", de modo que la sentencia "no cierra" lo que pasó en el bar Faisán de Irún el 4 de mayo de 2006.

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha defendido la necesidad de "acatar, pero de verdad y respetuosamente, las decisiones de los tribunales". Se ha mostrado cauto a la hora de valorar esta sentencia y no ha querido opinar sobre el contenido, ha dicho, hasta poder examinarla para hacer "una valoración ponderada de las circunstancias". En todo caso, ha asegurado que "todo aquello que no se haya separado excesivamente de la posición del fiscal nos resulta valorable", y ha insistido en la necesidad de acatar las decisiones de los tribunales. "Tenemos la capacidad de criticar pero no debe pasar en modo alguno a estilos de virulencia excesiva que no ayudan nunca a la legitimación de las instituciones", ha subrayado.

Asociaciones de víctimas del terrorismo han exigido que se investigue quién o quiénes dieron "órdenes superiores" para el chivatazo. María del Mar Blanco, presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo (FVT), ha reseñado que la condena "demuestra que hubo chivatazos y la colaboración de dos policías con la organización terrorista" ETA. Sin embargo, le gustaría que la Justicia "siguiera trabajando y llegara hasta el final, que se investigara quién fue esa persona, ese alto mando que dio el chivatazo, porque está claro que estos dos policías no actuaron de una manera libre, sino porque recibieron una orden de más arriba". Dicho lo cual, ha transmitido su "cariño, solidaridad y gratitud" a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y en concreto a la Policía Nacional.

Francisco Zaragoza, presidente de la Asociación de Víctimas de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, ha señalado que, "como en otras ocasiones", la sentencia "castiga a dos personas que realmente no son los responsables finales del hecho". Ha añadido que "a los responsables políticos habría que buscarlos en otro sitio y no en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que se limitan a servir al ciudadano y a cumplir y hacer cumplir las leyes". En su opinión, en el caso Faisán existen "muchos puntos oscuros", por cuanto ha insistido en que Pamies y Ballesteros "no han podido ser los que dieron el chivatazo. Hay órdenes políticas superiores para tratar de paralizar unas actuaciones policiales", ha rematado.

Por su parte, Antonio Suárez, presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo de Galicia, se ha mostrado de acuerdo con que a los condenados les haya caído "todo el peso de la Ley". "Se puede luchar contra el terrorismo, como están haciendo los cuerpos y fuerzas de seguridad, pero eso no quiere decir que haya policías que se salten la ley. Se me cae la cara de vergüenza solo con pensar que hay dos altos mandos implicados, que supuestamente dieron un chivatazo a ETA", ha comentado.