La Fiscalía pide más de 350.000 euros de fianza para un exdirigente de CC.OO

La Fiscalía Anticorrupción y la Junta de Andalucía han pedido hoy una fianza de responsabilidad civil de 265.015 euros para el dirigente de CCOO Juan Antonio Florido por el dinero que percibió del ERE de la empresa sevillana Hytasal. Florido ha comparecido ante la juez instructora de los ERE, Mercedes Alaya , quien le ha imputado delitos de malversación y tráfico de influencias.

El secretario de organización de la Federación del Textil y Químicas de CCOO en Andalucía está acusado de haber percibido esa cantidad en cuatro pólizas irregulares y otros 43.000 euros de la mediadora Vitalia. El último informe de la Guardia Civil sobre los ERE acusa a Florido de haber trabajado como 'facilitador' para Vitalia, quien retribuía de modo opaco sus gestiones

Alaya ya tiene escolta

La jueza Mercedes Alaya, que investiga los expedientes de empleo (ERE) fraudulentos pagados con dinero de la Junta, tiene desde hoy escolta policial. La magistrada ha llegado esta mañana a los juzgados sevillanos acompañada por tres policías nacionales. La medida ha sido propuesta por el decano de los jueces sevillanos, Francisco Guerrero, tras los incidentes del pasado jueves, en que la magistrada fue abucheada e increpada por manifestantes de CC OO y UGT cuando interrogaba a dos detenidos de ambos sindicatos. Actuación que ha recibido los reproches de todo el poder judicial, de partidos políticos e incluso de los máximos dirigentes sindicales.

Alaya toma esta mañana declaración a dos intrusas del ERE de Hytemasa, antigua Intelhorce, Nieves Ruiz Pérez y María José Martínez Elvira, que fueron beneficiarias de 109.203 euros y 109.050 euros, respectivamente, de prejubilación en la empresa malagueña, ambas casadas con antiguos sindicalistas de Jaén relacionados con Juan Lanzas, en prisión preventiva. Martínez Elvira, que llegó incluso a estar detenida en 2011 en relación al caso, fue candidata en la lista de las municipales del PSOE de Torredonjimeno.

Nieves Ruiz ha sido la primera en declarar. La jueza la acusa de malversación de caudales públicos y tráfico de influencias. Ha dicho a la magistrada que devolverá el dinero, que creía que era una indemnización a su marido, Rafael Mesa, fallecido en 2010, de la empresa en la que trabajaba y fue prejubilado, Cárnicas Molina.

La Junta le ha pedido 171.000 euros de fianza, mientras que la fiscalía, la cantidad de la póliza.