Murcia y Castilla-La Mancha, donde más cae el empleo público

La congelación de la oferta de empleo público, la amortización de las vacantes que se producen por fallecimiento, jubilación o excedencia, los expedientes de regulación de empleo y las privatizaciones están provocando una disminución cada vez más acentuada del número de trabajadores en el sector público, según un estudio de la Federación de Servicios Públicos de UGT. La cifra de empleo público destruido entre abril de 2011 y abril de 2013, incluyendo el sector público empresarial, ascendió a 374.800 personas, según la Encuesta de Población Activa (EPA).

De acuerdo con los datos del Registro Central de Personal del Ministerio de Hacienda, se han reducido en 109.091 los empleados adscritos directamente a las administraciones públicas (enero de 2013 sobre enero de 2012). De ellos, el 40,8% de los empleos desaparecidos corresponden a las comunidades autónomas (44.540 trabajadores menos) y el 43% a los ayuntamientos (47.405 menos). Por autonomías, donde más empleo público ha desaparecido en términos porcentuales (sumando los recortes producidos en la Administración del Estado, autonómica, local y universidades) es en Murcia, con una disminución del 9,61%; Castilla-La Mancha, con una caída del 7,18%; Andalucía, con un 5,48% menos; y Cataluña, con un recorte del 4,77%, según un estudio elaborado por la Federación de Servicios Públicos de UGT basado en los datos del Registro Central de Personal. En el lado contrario se encuentran Extremadura, con sólo una rebaja del 0,35% de empleados públicos, y País Vasco, con un descenso del 1,2%. Si se analiza la reducción de efectivos por regiones y tipo de administración, se observa que mientras en Murcia, tres cuartas partes del recorte lo han sufrido los trabajadores autonómicos, en Cataluña y Madrid las mayores reducciones se han producido en los ayuntamientos.

Por tipo de relación con la administración, han sido los laborales los más afectados por la reducción de empleo público, especialmente en el ámbito de la administración local (42.704 menos en un año), seguidos de los empleados temporales de las comunidades autónomas (30.147 menos).

El secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Julio Lacuerda, vaticinó ayer que los expedientes de regulación de empleo en los ayuntamientos «van a ser masivos el año que viene». En la presentación del 9º Congreso FSP-UGT, Lacuerda destacó también que la incertidumbre generada por la reforma de las pensiones ha provocado que en dos años se haya triplicado el número de funcionarios que se jubilan anticipadamente pasando de 4.253 en 2010 a 13.972 en 2012. En total, entre 2010 y 2012 se jubilaron 39.543 trabajadores (15.671 de ellos de manera forzosa y 23.872, voluntaria).

En cuanto a la amortización de puestos de trabajo vacantes, han desaparecido en tres años 21.939 plazas en la Administración General del Estado, con un ahorro en gastos de personal de 404 millones de euros, una situación que, según FSP-UGT, «también encuentra reflejo en comunidades autónomas y ayuntamientos».

A través de ERE en 2012 fueron despedidos 1.767 trabajadores, y el ritmo se ha acelerado este año ya que sólo en los tres primeros meses del año se ha despedido a 983 personas, el 55% de la cifra alcanzada el año pasado. Y estos datos no incluyen sectores como la sanidad, la educación o los servicios sociales.

El Programa de Estabilidad del Gobierno cifra en 3.500 millones de euros el ahorro acumulado que se obtendrá en 2014 (1.800 millones en 2013) por la congelación de la oferta de empleo público.