Valderas plantea un recurso al Tribunal Constitucional sobre la reforma local si esta no mejora

El vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local, Diego Valderas, admitió ayer que el Gobierno andaluz planteará un recurso al Tribunal Constitucional si la ley de reforma local que ha presentado el Gobierno al Congreso para su debate no mejora «en profundidad» en este trámite. Valderas recordó que tal como está planteada, la norma estatal invade competencias autonómicas, sobre todo en lo concerniente al nuevo diseño de las propias competencias locales.

La Junta de Andalucía entrega a los ayuntamientos un montante aproximado de 500 millones de euros anuales en aplicación de la Ley de Participación en los Tributos de la Comunidad Autónoma (Patrica) y de la Ley de Autonomía Local (Laula). Son cantidades no finalistas, pero pensadas sobre todo para la financiación de servicios que la nueva norma pretende revertir en las comunidades autónomas. Según Valderas, esto supone un gran perjuicio para las autonomías y deja en papel mojado las normas aprobadas la pasada legislatura para mejorar la financiación de los ayuntamientos.

Según Valderas, la nueva ley anula el Estatuto de Autonomía en lo concerniente a los ayuntamientos y las citadas leyes andaluzas. Además reiteró que 666 ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes ven amenazados su autonomía en la gestión con la nueva ley, ya que pueden perder competencias y financiación. Reiteró que de los 200.000 empleos que se perderían en aplicación de la ley en todo el Estado, 40.000 corresponderían a Andalucía.

El Consejo de Gobierno aprobó el anteproyecto de la nueva Ley del Consejo Andaluz de Concertación Social, que sustituirá a la vigente desde 2007. Se trata de un órgano mixto, con diez representantes de la Junta y otros diez de los ayuntamientos, designados por la Federación Andaluza de Municipios (FAMP). La presidencia recaerá en el consejero de Administración Local. Una de las novedades que incluye la norma es la aplicación del consenso como requisito para la adopción de acuerdos que afecten a los ayuntamientos.

Diego Valderas insistió en que esta norma no sustituye a la FAMP, en la actualidad paralizada al no aceptar PSOE e IU que la presidencia recaiga en Ángeles Muñoz (PP). Sin embargo, el consejero admitió la dificultad de ponerla en práctica si cuando se apruebe no se ha resuelto el conflicto de la institución supramunicipal. Tampoco se ha podido constituir por el mismo motivo el Consejo de Gobiernos Locales.