La fiscal jefe de Sevilla también se planta frente a la jueza Alaya

La fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, respondió ayer al auto que el día anterior emitió la jueza Alaya criticando el papel del Ministerio Público en la instrucción del caso de la venta de suelos de Mercasevilla, archivado tras prescribir dos de los tres delitos imputados. El enfrentamiento latente entre la magistrada y la fiscalía, por la forma de instruir de ésta, el riesgo de prescripción y el rechazo de ayuda por parte de la jueza, ha saltado a la palestra ahora a escala de la Audiencia Provincial y se suma a la brecha abierta entre Alaya y la Fiscalía Anticorrupción, que reporta a la Fiscalía General del Estado.

Aunque midió sus palabras para evitar mayores discusiones, Segarra manifestó «la sorpresa de que en un auto judicial se viertan expresiones gratuitas sobre el fiscal, absolutamente ajenas al debate procesal y a la argumentación jurídica que debe presidir una resolución judicial».

La fiscal jefe sevillana dijo asimismo que «no considero oportuno perderse en consideraciones o incluso reproches que no conducen a nada, pues lo importante es que la investigación llegue a un buen fin, con la contundencia que el reproche social a las conductas fraudulentas merece».

En el auto criticado por Segarra, Alaya afirma que fue el fiscal quien solicitó el 3 de abril de 2013 la declaración como imputados de los empresarios implicados en la venta de los suelos de la lonja para después, a instancias de uno de los imputados, solicitar que se declarara extinguida la responsabilidad criminal por prescripción de los delitos. «Ha debido tratarse sin duda de un error de cómputo por parte del Ministerio Fiscal», decía la jueza, ya que tales delitos «estaban prescritos desde el inicio de las actuaciones», un «error» que «seguramente» está «justificado» por la asistencia del fiscal «a varias macrocausas, pero que ha generado ciertas consecuencias».

Añade que el «error» del Ministerio Público ha provocado «cierto retraso en la tramitación» de las actuaciones, «pues el escrito del Ministerio Fiscal fue de abril del presente año», también ha motivado «un esfuerzo inútil», pues «hubo que tomarles declaración» al considerar que «el fiscal manejaba también el tipo de prevaricación en su condición de extraneus», de la que luego se apartó.