El laboratorio Grünenthal pone en duda la legitimidad del proceso de la talidomida

Tres horas para acabar con una espera de casi seis décadas. Casi un suspiro en comparación con lo que los enfermos de talidomida han tenido que pasar hasta salir a la luz, como ellos repiten de forma machacona. Su historia tiene fecha de inicio: el 25 de diciembre de 1956. Ese día de Navidad comenzó el calvario para miles de bebés en España, unos 3.000, y sus familias, por culpa de un principio activo maldito: la talidomida. Presente en diez medicamentos, el más conocido era el Soitenon y se recetaba para las nauseas de las embarazadas. Y aunque el prospecto solo informaba de un «ligero estreñimiento», provocó malformaciones en más de 20.000 niños en el mundo. En noviembre de 1961, la farmacéutica Grünenthal lo retiró del mercado en Alemania y el resto de los países donde lo comercializaba. Pero en España se siguió vendiendo hasta 1962 y en algunos lugares hasta 1963.

Casi seis décadas después, esos niños se vieron las caras con los creadores de la talidomida en el Juzgado de Primera Instancia número 90 de Madrid, en un juicio exprés en que la compañía contestó los argumentos de la demanda presentada por la Asociación de Víctimas de la Talidomida (Avite). Los afectados reclaman 204 millones de indemnización, 20.000 euros por cada punto porcentual de minusvalía de los afectados.

En la vista, el abogado Guillermo Castillo, defendió que Grünenthal «actuó conforme a la época» y lamentó «sinceramente» esta tragedia. Reconoció que en el prospecto no se aclaraba las propiedades malignas del principio, aunque también indicó que no era obligado en España. La farmacéutica, además, adujo que hubo empresas que fabricaron en España medicamentos con talidomida de forma «independiente» de Grünenthal y que dejó de vender este producto en noviembre de 1961 en España de forma directa. Todo lo que se distribuyó después, asegura el abogado, fue 'stock' fuera del control del laboratorio.

En su defensa, la compañía arguyó una posible prescripción. «Los hechos ocurrieron hace más de 50 años, por lo que consideramos que la legitimidad de cualquier procedimiento podría verse seriamente comprometida por el lapso de tanto tiempo», argumentó después la compañía en un escueto comunicado. Además, la empresa indicó que todos los afectados tienen la oportunidad de solicitar «las ayudas que conceden la Fundación Contergan y la Fundación Grünenthal Alemania y recibir los mismos beneficios económicos que reciben los residentes en Alemania». Hace meses, ya ofreció 123.000 euros a repartir entre todos los afectados, oferta que fue rechazada. «Desde 1971, ha pagado a las víctimas 531 millones de euros en Alemania», apuntó José Riquelme, presidente de Avite, que representa a unos 200 afectados. Se calcula que en España todavía quedan vivos entre 500 y 1.000 de aquellos niños. «El resto murió cuando eran bebés por problemas cerebrales y cardiacos. Otros se suicidaron y hay un tercer grupo que padece los síntomas pero que no sale a la luz», explicó Riquelme.

Reconocimiento

Avite pudo presentar esta demanda colectiva contra la farmacéutica alemana gracias a un real decreto del anterior ejecutivo que reconocía las secuelas de este medicamento y catalogaba a estas personas como poseedores de una enfermedad rara. Sin embargo, los afectados por la talidomida no tienen derecho a ninguna pensión compensatoria. Solo se les reconoce una ayuda social a 23 personas. Al resto, nada.

«¿Y qué pasa con los que nacimos antes del 1 de enero de 1960? ¿No somos afectados? Yo me quedé fuera por 39 días y lo tengo recurrido esta decisión en la Audiencia Nacional», argumenta Josefina Mompeó a las puertas del juzgado, que fallará dentro de unas semanas.