Una buena idea con poco recorrido

Mañana finaliza el plazo de inscripción para la campaña de la OCU que, bajo el epígrafe 'Quiero pagar menos luz', intenta promover una compra colectiva de electricidad con el objetivo de conseguir un descuento en el recibo de la luz. La organización de consumidores pretende reunir a una masa crítica capaz de despertar el interés de las grandes comercializadoras para que participen en la puja. Las compañías deberán presentar el miércoles, en sobre cerrado, una oferta (precio medio anual, en función de la tipología del consumidor) de luz y/o de gas. Las pujas se iniciarán a partir del mejor precio ofertado.

Más de 400.000 personas se han adherido a una iniciativa con más visos de agitar el debate sobre el precio del recibo de la luz que de conseguir una sustancial rebaja. «Es una buena idea, pero con poco recorrido», coinciden todas las fuentes consultadas para la elaboración de este reportaje. El primer argumento que juega en contra de la campaña es el escaso margen con el que las comercializadoras juegan dentro de la Tarifa de Último Recurso (TUR). Esta tarifa -rebautizada como Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC)- es la que garantiza un precio mínimo regulado a 16,5 millones de consumidores, pese a que son más de 25 los que tienen derecho a acogerse a ella por tener contratados menos de 10 kilovatios (kw)de potencia.

«Es una tarifa por sí deficitaria, así que poco margen hay de rebaja», sostiene un portavoz autorizado de una de las grandes comercializadoras de último recurso (CUR). Tampoco se esperan grandes descuentos para los inscritos en la campaña que tienen contratado su suministro de electricidad en el mercado libre, ya que «normalmente estos contratos bilaterales están referenciados a la TUR», explica Jorge Fabra, miembro de la plataforma 'Economistas frente a la crisis', exconsejero de la CNE y presidente durante diez años de Red Eléctrica.

Sin embargo, según la OCU, hay muchos consumidores que, sin saberlo, están en el mercado libre y pagan «más de lo que pagarían si estuvieran en la TUR». «Efectivamente, hay clientes que pasaron al mercado libre en el momento en que contrataron con comercializadoras que les ofrecían servicios adicionales que les subían las facturas. Ahí está el negocio de las grandes eléctricas», sostiene Jorge González, director comercial de Gesternova, empresa comercializadora de energía 100% renovable que no participará en la subasta.

Hay una barrera casi insalvable que impide a estas pequeñas comercializadoras que actúan en el mercado libre acudir a la puja con alguna garantía de éxito: precisamente, su pequeño tamaño. «El consumo medio anual de un domicilio es de unos 3.500 kilovatios. Si lo multiplicamos por todos los potenciales clientes que pueden ganar en la subasta, nos da un volumen de energía a gestionar tan grande que no hay comercializadora de este tipo que pueda absorberlo», reflexiona González.

«Incertidumbre»

La posibilidad de conseguir unos mayores descuentos queda pues en manos de las CUR (Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa, Eon España y EDP España), que son las que cuentan con negocios de generación y distribución capaces de absorber las hipotéticas pérdidas que puedan sufrir en su actividad de comercialización. No se puede decir que las cinco grandes eléctricas hayan recogido del mismo modo -ni siquiera que lo hayan hecho- el guante lanzado por la OCU. Algunas de ellas han admitido su «interés» por sumarse a la oferta y aún negocian las condiciones establecidas para la subasta por la organización de consumidores. Una de ellas es que las ofertas que hagan sólo pueden referirse al precio de la energía, aunque algunas compañías pretenden jugar también con la baza de los servicios adicionales (revisión de instalaciones, mantenimiento de calderas, servicio de atención al hogar, etc....) para poder ampliar su margen de descuento.

Otras se quejan de la «incertidumbre» que rodea a todo el proceso. «¿Quién me garantiza que todos los clientes que se han apuntado a la campaña vayan a aceptar luego la oferta ganadora?», se preguntan en una de las eléctricas, que recuerdan el ejemplo de la subasta realizada en Portugal, donde sólo el 8% de los inscritos en el 'switching' colectivo se cambiaron de tarifa. «Aún en el supuesto de que se lograse reducir los beneficios de las comercializadoras a un margen razonable, seguirían existiendo graves problemas en otros segmentos del negocio, como en la determinación de precios en el mercado mayorista», sostiene por su parte el Observatorio Crítico de la Energía.

«Es una buena iniciativa que tiene la capacidad de recoger el malestar de los consumidores. Pero se está mandando el mensaje de que los abusos se cometen en el segmento de la comercialización, cuando los mayores costes se generan en otros ámbitos. Por ejemplo, en la sobrerretribución del mercado a las centrales nucleares o las eléctricas. O la metodología usada, carente de todo sentido, para fijar la TUR», dice Fabra.