El Gobierno y la judicatura arropan a la juez de los ERE tras el acoso de los sindicalistas

Los abucheos proferidos el jueves por decenas de sindicalistas de UGT y CC OO contra la juez que instruye el escándalo de corrupción de los ERE, Mercedes Alaya, provocaron que tanto el Gobierno como la judicatura salieran ayer en tromba a defender a la magistrada. «No es admisible en ningún caso», coincidieron la vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría y el fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, mientras que desde la Junta de Andalucía, el vicepresidente Diego Valderas señaló que «no es la vía democrática». Todos recordaron además la posibilidad de recurrir a la vía judicial para mostrar su oposición a una decisión del juez.

«Fea, hortera, pepera» fueron algunos de los calificativos que tuvo que escuchar Alaya cuando el jueves acudió a la Audiencia de Sevilla para tomar declaración a los detenidos en la 'operación Heracles', enmarcada en el supuesto fraude de los ERE pagados por la Junta, entre los que había dos sindicalistas. La juez tuvo que ser escoltada por la Guardia Civil para abandonar las dependencias judiciales mientras la multitud le increpaba y pedía la libertad de sus compañeros.

«Todos tenemos que respetar las resoluciones judiciales», subrayó Sáenz de Santamaría después del Consejo de Gobierno y recordó que «se puede manifestar la oposición mediante el recurso (judicial), no mediante el recurso al insulto, al abucheo ni a la presión en ninguno de los casos». Con el agravante, dijo, de que los partidos o los sindicatos, como representantes de la sociedad, deben ser quienes «muestren todavía más respeto» hacia la Justicia.

En la misma línea, el fiscal general del Estado rechazó «terminantemente» los abucheos y abundó en que, aunque respeta el derecho de los sindicatos a manifestar una opinión crítica contra una decisión judicial, las formas de expresar las críticas o las disidencias «en modo alguno pueden sobrepasar ciertos límites que muy posiblemente se sobrepasaron en Sevilla».

Torres-Dulce defendió además la «imparcialidad» e «independencia» de la juez en esta instrucción, unos valores que también fueron destacados por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que se apresuró a calificar los insultos y abucheos como actitudes «cercanas al acoso a una autoridad judicial» que desvelan «una falta de aceptación de las reglas básicas de un Estado de Derecho», entre ellas «la independencia judicial y su respeto frente a todo tipo de presiones».

Imputados

Mientras se producían los abucheos en la puerta, dentro de la Audiencia la juez protagonizó otra larga jornada de interrogatorios que concluyó avanzada la madrugada con la puesta en libertad con cargos de los siete detenidos el martes, y a los que se vincula con el cobro de sobrecomisiones por participar en la tramitación de las ayudas dadas por la Junta. Un dinero que, según la juez, pudo servir además para financiar irregularmente a los sindicatos.

La juez imputó a los detenidos delitos de tráfico de influencias, malversación de fondos públicos, falsedad y delito fiscal, como había señalado la Guardia Civil en su atestado. Entre los nuevos imputados en el caso se encuentran el secretario general de UGT en Cádiz, Salvador Mera, el exsecretario de Desarrollo Industrial de CC OO en Andalucía, Roberto Carmona y el exgerente del Instituto de Fomento de Andalucía en Sevilla y exdirector de Empleo de la Diputación de Sevilla hasta su detención Enrique Rodríguez, para quien la Junta de Andalucía ha pedido una fianza por responsabilidad civil de tres millones de euros.

Los otros arrestados que declararon fueron el exsindicalista de CC OO en Córdoba Francisco Casado; Gerardo de la Cruz, exdirector de una oficina bancaria supuestamente usada por los imputados en la comarca de la Sierra Norte, la más beneficiada por las ayudas de la Junta; el hostelero Ángel Quesada y el empresario José Joaquín Barreto.

Alaya continuó la toma de declaraciones a imputados en el caso ERE ayer, e imputó también por malversación, prevaricación y tráfico de influencias al exdiputado del PSOE Ramón Díaz Alcaráz. Éste, que fuera asesor del director general de Trabajo, estaba ya implicado en la causa por haber incluido varios 'intrusos' en un ERE para una empresa que además se benefició de ayudas directas contrarias a la normativa europea.