Los expertos aconsejan no vaciar el gas de relleno inyectado en Castor

Los expertos aconsejan no vaciar el gas que ya se ha inyectado en el depósito subterraneó del 'proyecto Castor', frente a las costas de Vinaroz (Castellón), según anunció ayer el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, en el Congreso de los Diputados. Hasta el momento la paralización, el 26 de septiembre, había almacenados 1.214 gigavatios/hora del llamado gas cochón, el 17% de los 7.000 gigavatios/hora de prueba con los que había que rellenar el depósito antes de inyectar el natural.

Durante su comparencia ante la Comisión de Industria, Soria advirtió de que los expertos son partidarios de mantener ese gas de prueba porque «se desconoce cómo puede afectar ahora su vaciado a los equilibros de la estructura» del depósito. Por ello insistió que hasta que «no se tenga la absoluta certeza de que la instalación es segura el almacenamiento no se va reanudar».

Recordó que los informes preliminares elaborados por los expertos «apuntan a la existencia de una relación temporal entre los seísmos y las inyecciones de prueba del gas colchón». Sin embargo, Soria explicó que los expertos consultados coinciden en que «existe un riesgo muy limitado de que haya movimientos sísmicos relevantes en el futuro».

El titular de Industria explicó que la construcción del depósito estaba catalogada como urgente en los planes de almacenamiento 2008-2016. Pero puso de relieve que con la caída actual de la demanda, «es necesario realizar un nuevo análisis costes-beneficio».

Soria lo cifró el coste del proyecto en 1.700 millones de euros, frente a los 700 iniciales. Estos son costes regulados por el sistema y no por los presupuestos generales del Estado, por lo que se retribuyen en la tarifa que paga el consumidos, una vez que la instalación entra en funcionamiento. Por partidas, Escal UGS, empresa explotadora, ha invertido 1.273 millones de euros en la infraestructura, a los que se suman 186 millones del gas colchón y 234 millones por los costes financieros.

El ministro, que no dijo quién pagaría el cierre del proyecto, anunció que el Gobierno ha puesto en manos del Tribunal Supremo «una cláusula claramente abusiva para el interés general» que establece las responsabilidades en caso de que se paralice definitivamente el proyecto.