Díaz pide a Rajoy que Bárcenas no limite un pacto anticorrupción de «máximos»

Es uno de sus mantras desde que llegó al Gobierno de la Junta de Andalucía, una de las cuestiones clave para el éxito de su mandato. O, al menos, así se lo ha planteado Susana Díaz. La presidenta andaluza insistió ayer en su primer encuentro institucional con el jefe del Ejecutivo en la necesidad de que, desde la Moncloa, se lidere un gran pacto por la regeneración democrática en el que estén incluidas, no solo todas las fuerzas del arco parlamentario, sino el conjunto de las comunidades autónomas y de las administraciones públicas.

La gobernante andaluza se vio obligada a torear, tras una hora y media de reunión, media docena de preguntas sobre la contradicción que supone la posición del PSOE, decidido a no mantener diálogo alguno el Gobierno a cuenta de la actitud de Mariano Rajoy en el 'caso Bárcenas', y su empeño en alcanzar un «acuerdo de máximos» con el presidente para «luchar contra la corrupción y no contra los partidos políticos». Y lo hizo con un argumento: «Es el secretario general del PSOE el que debe hacer la sesión de control al Gobierno».

En todo caso, sí puso un matiz. «Para que haya credibilidad -dijo- el pacto no puede estar condicionado ni por el 'caso Bárcenas' ni por ningún otro». Dicho de otro modo, exhortó a Rajoy a no poner puertas al campo. «Hay que ser transparente y decir la verdad, pero no porque queramos aniquilar al contrario, sino porque eso es lo que merecen los ciudadanos y nuestra obligación en el servicio de lo público», adujo.

Díaz, que desde el primer momento ha medido cada gesto y ha tomado medidas de fuerte carga simbólica como la eliminación de aquellas personas de su Gobierno salpicadas por los ERE fraudulentos, llegó a Madrid precedida de otro anuncio pretendidamente ejemplarizante, el reintegro de 25.000 euros en facturas cobradas de forma indebida por UGT de Andalucía. Y algo similar, en lo que le competa, pidió al jefe del Ejecutivo. «Hemos compartido la reflexión de que hay que ser implacables contra la corrupción y la dificultad del momento; veré en los hechos si se produce esa actitud», subrayó después.

A su juicio, la ley de transparencia aprobada el mes pasado en el Congreso y ahora a punto de debatirse en el Senado, es «insuficiente» y dificulta que las comunidades puedan ir más allá en la rendición de cuentas. Quiere, como ya planteó Rubalcaba en el Debate sobre el estado de la Nación, y como también defienden algunos barones del PP, que se prohiban las donaciones a formaciones políticas. «No hay que ser muy listo para darse cuenta de que quien da dinero a un partido lo hace porque espera algo a cambio», esgrimió. Pero también propuso, entre otras cosas, que no solo los políticos, sino sus parejas estén obligados a hacer pública su declaración de la renta.

Silencio de la Moncloa

Nadie desde el Gobierno quiso ofrecer su versión de la cita; algo que por otro lado es relativamente habitual desde que Rajoy ocupa la Presidencia. Como casi todos aquellos que pasan por su despacho en la Moncloa, Díaz aseguró que la reunión transcurrió en un clima de cordialidad, pero no se atrevió a dar por hecho que alguna de sus demandas vayan a ser atendidas.

Más allá de la lucha contra la corrupción la presidenta de la Junta de Andalucía pidió que se convoque ya la comisión bilateral que vigila el cumplimiento de los compromisos de inversión pública en la región y vela porque «Andalucía tenga un trato equitativo». Reclamó la puesta en marcha de un plan extraordinario de lucha contra el desempleo, como el que se ha desarrollado en otras comunidades autónomas porque, dijo, «si Andalucía es eficaz en el combate contra el paro los datos de España serán también mejores». Y reclamó inversión en el ferrocarril Algeciras-Bobadilla para que el puerto, el principal de España y el sexto de Europa, «no pierda competitividad respecto a otros como Tánger Med».

También dijo haber hablado sobre la reforma del modelo de financiación autonómica prevista para el próximo año, pero no ofreció detalles, más allá de reiterar su oposición a cualquier cambio de sistema que «quiebre la igualdad» entre españoles.