Alaya investiga si hubo más conseguidores como Lanzas en los entornos de UGT y CC OO

La nueva redada por el caso de corrupción de los ERE pagados con dinero de la Junta de Andalucía ha salpicado con fuerza a los sindicatos UGT y CC OO. La Guardia Civil, cuya Unidad Central Operativa ha dirigido la segunda fase de la operación Heracles, puntualizó ayer en un comunicado que son ocho los sindicalistas imputados en esta nueva fase, entre ellos dos detenidos: el secretario general de UGT de Cádiz, Salvador Mera, y el exsecretario de Desarrollo Industrial de CCOO en Andalucía Roberto Carmona Soto. La jueza Mercedes Alaya investiga si hubo más 'conseguidores' de ERE como Lanzas en los entornos de UGT y CC OO.

Mera y Carmona pasarán hoy a disposición de la magistrada junto con los otros ocho detenidos e imputados el martes. Los arrestados fueron los siguientes: El alto cargo del PSOE Enrique Fernández Contreras; los empresarios José Joaquín Barneto y Ángel Quesada del Valle (este, hostelero en Torremolinos); el director de una sucursal bancaria de Cazalla de la Sierra, Gerardo de la Cruz; y Francisco y José Manuel Casado, exsindicalistas de CC OO, pero ahora empresarios. Tres detenidos fueron puestos en libertad tras prestar declaración ante la Guardia Civil: el empresario Juan Jesús Sánchez, arrestado en Segovia; uno de los hermanos Casado y un directivo de una sucursal bancaria de Jaén.

La Guardia Civil aún continuará esta mañana interrogando a varios detenidos, entre ellos el hostelero Ángel Quesada. La operación se ha saldado con 52 nuevas imputaciones y diez registros. En uno de los registros, el de la vivienda del empresario sevillano Antonio Manuel Bustamente, los agentes de la UCO hallaron 23.000 euros en billetes de 50 euros.

La operación es una continuación de la emprendida en marzo para dar con la pista del dinero defraudado de la partida de 721 millones de euros presupuestados por la Consejería de Empleo desde 2001 a 2011 para ayudas a empresas y prejubilaciones. La Guardia Civil calculó entonces un fraude de al menos 51 millones de euros en sobrecomisiones por la gestión de los ERE que se repartieron empresas mediadoras como Vitalia y Uniter, despachos de abogados como Villasís, conseguidores como Juan Lanzas y sindicatos. Hubo sesenta nuevos imputados tras aquella operación.

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La Guardia Civil ha centrado las pesquisas de esta en tres ámbitos: empresarios que pagaron dádivas a los conseguidores, como Lanzas; empleados de bancos que colaboraron en el posible blanqueo del dinero ilícito, así como responsables políticos que facilitaron las ayudas supuestamente ilegales a empresas; y por último, la participación de representantes y dirigentes de organizaciones sindicales en los procesos de los ERE para concluir si pudiese existir algún tipo de responsabilidad penal. Las pesquisas, según ha podido saber este periódico, van encaminadas a averiguar si estos sindicalistas, al margen de la labor de mediación legítima en los ERE de sus propias organizaciones, realizaron labores de conseguidores para beneficio propio.

En el auto que autoriza el registro del sindicalista de CC OO Antonio Florido, imputado en el caso, Alaya afirma que fruto de las investigaciones a Vitalia, Uniter, Villasís y Lanzas, «estarían emergiendo numerosos indicios de la participación de personas vinculadas a los sindicatos UGT y CCOO, fundamentalmente como fuente de información respecto a empresas en crisis a las que pudiera resultar conveniente un proceso de reestructuración de plantilla, mediante ERE, prejubilaciones u otras medidas, así como facilitar los procesos habilitando la participación de las anteriores mediadoras». Describe el papel de Lanzas aplicado a otros sindicalistas.

Sobre el nuevo frente abierto en el sumario para investigar si directivos bancarios colaboraron en el blanqueo del dinero ilícito, Alaya subraya la «presunta y necesaria connivencia» de empleados de sucursales en depósitos y reintegros sin justificar de Lanzas, a quien se le atribuye una fortuna de 13 millones de euros.

La jueza también atribuye a entidades de la Sierra Norte de Sevilla haber financiado a empresas a cuenta de las subvenciones antes de que estas fueran otorgadas por la Junta de Andalucía, lo que considera ilegal. Un exdirector de la sucursal de una caja de ahorros de Cazalla de la Sierra, Gerardo de la Cruz, fue detenido en Málaga en el curso de esta operación.