La juez de los ERE imputa a Magdalena Álvarez por prevaricación y malversación

Cargada con dos maletas de abundante documentación, la exministra de Fomento y exconsejera andaluza Magdalena Álvarez trató de defender ante la juez que instruye el supuesto fraude de los ERE su gestión «transparente y clara» al frente del departamento de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía. Aseguró que nunca tuvo conocimiento de que se estuvieran produciendo irregularidades que, en cualquier caso, endosó a la Consejería de Empleo, responsable de haber puesto los controles a las ayudas que concedía. La juez Mercesdes Alaya, sin embargo, imputó a la exministra sendos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos.

El interrogatorio, de casi tres horas, fue menos tenso de lo que se preveía de antemano entre dos mujeres de fuerte carácter y versó sobre asuntos muy técnicos, según explicó Álvarez a su salida, donde no dudó en expresar de nuevo su sorpresa por la imputación. Y es que la juez volvió a señalar a la exconsejera como una de las «promotoras, en connivencia con otros», de haber implantado el procedimiento ilegal de transferencia de financiación para conceder ayudas sociolaborales entre 2000 y 2011.

En el auto de imputación, Alaya insiste en su tesis de que la Junta de Andalucía instauró este sistema y no el de subvención excepcional para «dar mayor agilidad a las ayudas» y eludir la fiscalización previa. Las ayudas se otorgaban «con absoluta discrecionalidad, de forma opaca» a empresas y particulares del entorno del PSOE y la Junta incumpliendo los principios de imparcialidad, transparencia y no discriminación, por lo que, según Alaya, acabaron convertidas en un «desplazamiento de fondos públicos a terceros por mera liberalidad».

La facilidad con la que se concedieron estas ayudas acabó provocando además un importante desfase de las cuentas que hubo que subsanar en numerosas ocasiones con modificaciones presupuestarias. Durante la época en que Álvarez ocupó la consejería de Hacienda se tramitaron hasta siete modificaciones en las cuentas autonómicas, muchas de ellas a causa de convenios particulares suscritos entre Empleo y la empresa afectada, por un importe de 93 millones de euros.

Pero Álvarez rechazó de plano estas tesis. Aseguró que el Consejo de Gobierno no abordó el tema de la concesión de las ayudas y mucho menos «presionado» por los sindicatos en una época de conflictividad laboral. Explicó que las transferencias de financiación no se plantearon para dotar de mayor agilidad a los procedimientos de subvenciones, sino que fue una «trasposición» de la legislación estatal que ya venía utilizándose bajo la denominación de subvenciones de explotación en los años 90.

En este punto, la que fuera consejera entre 1994 y 2004 consideró que las transferencias de financiación sí que podrían destinarse a «un fin concreto y específico como son las subvenciones», aunque reconoció que en el 'caso de los ERE' «ha podido haber un uso inadecuado» de la fórmula por parte de la Consejería de Empleo, pero no una «presupuestación inadecuada».

Nunca hubo reparos

En este sentido, Álvarez recordó que desde Hacienda se limitaban a elaborar un presupuesto de ingresos, pero no de gastos, que era «responsabilidad» de cada departamento y que posteriormente le transmitían para agruparlas en un único documento. Así, cada departamento se encargaba de velar por la ejecución de sus partidas bajo supervisión de la Intervención General de la Junta o del Parlamento. Por ello, a lo largo de su declaración insistió en varias ocasiones en que era la Consejería de Empleo la encargada de cumplir los requisitos de las subvenciones y de someterse a fiscalización, defendiendo que en su caso, las modificaciones presupuestarias que aprobó «cumplían todos los requisitos de acuerdo con la Intervención, la Cámara de Cuentas y la Cuenta General».

Álvarez también subrayó que «nunca» tuvo conocimiento de los reparos, al menos 15, que la Intervención General planteó a las ayudas «ni los escuchó indirectamente». Tampoco en el Consejo de Gobierno «se trató la mala gestión de la Consejería de Empleo y el uso de la partida de las transferencias de financiación». Y recordó además que, según la declaración del exinterventor general, los avisos empezaron cuando ella ya había abandonado el Ejecutivo andaluz para incorporarse al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. También rehusó haberse aprovechado de la «complejidad» del lenguaje presupuestario para camuflar la concesión de las ayudas ante el parlamento.

Tras su comparecencia, la juez deberá decidir en los próximos días si, al igual que a sus excompañeros de la Junta que ya han declarado, le impone alguna fianza por responsabilidad civil. Ni Fiscalía Anticorrupción ni la Junta o el PP pidieron ayer medidas cautelares, y solo el sindicato Manos Limpias, que ejerce la acusación, reclamó una fianza de 125 millones de euros más el tercio legal.