Anulan el arresto de un soldado al que Chacón acusó de «negligente» por el robo de Bótoa

El robo de 20 fusiles G-36 HK y diez pistolas Llama en el arsenal de una base militar de Badajoz sigue trayendo cola. Pese a que han pasado más de dos años y medio del incidente y que la Guardia Civil logró recuperar parte del material cerca del río Guadiana, muchos de los implicados de forma indirecta siguen padeciendo las secuelas. Aunque ahora en menor medida.

Este es el caso de uno de los soldados que la medianoche del 27 de febrero de 2011 vigilaba la Base Militar General Menacho de Bótoa, y que no vio cómo los ladrones abrieron un boquete en la valla protectora, arrancaron un vehículo militar y se dirigieron a la compañía donde se produjo el asalto del armero.

Este uniformado y otros tres compañeros, un sargento, un cabo y otro soldado raso, fueron castigados con 14 días de arresto por orden del general Casimiro Sanjuán, entonces máximo responsable de Bótoa. La medida se acordó horas antes de que la entonces ministra de Defensa, Carme Chacón, explicara en el Senado lo ocurrido y anunciara las sanciones.

«El Ejército de Tierra ha llevado a cabo una investigación propia y ha decidido los arrestos (...) por, como mínimo, responsabilidad en negligencia en la noche del robo», respondió Chacón a una pregunta del PP.

Pero ese contundente anuncio de la ministra y las veladas acusaciones a los militares quedaron ayer en entredicho después de que el Tribunal Supremo anulara la sanción disciplinaria del único soldado que tuvo el arrojo de recurrir la decisión por vía judicial. Para ello contó con la ayuda legal de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), que dijo que «la única razón de los arrestos era servir de cobertura a la comparecencia ministerial». Ahora, la Sala de lo Militar concluye que se violaron sus derechos fundamentales como no declarar contra sí mismo.