Cataluña llegará a los tribunales para buscar a los culpables de 'Castor'

La Generalitat de Cataluña está dispuesta a llevar a los tribunales el 'proyecto Castor', no solo para conocer toda la verdad sobre lo que está ocurriendo con el almacén subterráneo de gas frente a las costas de Vinaroz (Castellón) sino también para buscar los responsables que no se tuvieron en cuenta la posibilidad de que el relleno de la antigua bolsa de petróleo pudiera causar terremotos.

El consejero de Interior catalán, Ramón Espader, denunció tras reunirse con el ministro de Industria, José Manuel Soria, que «seguimos sin tener la información que necesitamos como Gobierno de la Generalitat que es competente en materia de Protección Civil». Por este motivo, Espader dijo que van a poner en conocimiento de la Fiscalía todos los datos de que disponen y estudian solicitar por la vía judicial a la empresa Escal UGS -encargada del proyecto- «la información que necesitemos». «Es evidente que los movimiento sísmicos son consecuencia directa de esta actividad, es una sismografía inducida», dijo el consejero, que apuntó que, por el momento, no solicitarán la paralización completa de 'Castor', sino que exigen que «no haya movimientos sísmicos».

Sin embargo, el asunto ya está en manos de la Justicia. La Fiscalía de Castellón, después de que la semana pasada acordó abrir una investigación, ha puesto el caso en manos de la Sección de Delitos contra el Medio Ambiente. De esta manera, según informó el Ministerio Público, la fiscal instructora comenzó a trabajar sobre este asunto con la recopilación de toda la información al respecto, antes de llamar a declarar a los representantes de la empresa o de las administraciones competentes.

Mientras tanto, en Madrid, el ministro Soria y las distintas administraciones afectadas trataron de lanzar un mensaje de tranquilidad a la población al asegurar que las actividades de la planta de gas están paralizadas. José Manuel Soria, en un comunicado, destacó que el Gobierno garantiza que el proyecto estará parado «hasta que la seguridad del mismo esté totalmente garantizada por los informes técnicos pertinentes.

Según explicó el ministro, el grupo de expertos que investiga la relación de los terremotos y el 'proyecto Castro', en el que, entre otros, participan representantes de la Administración, del Instituto Geográfico Nacional, del Instituto Geológico Minero Español, está recabando datos y elaborando informes, por ahora preliminares hasta que puedan ser definitivos.

Verificación de la UE

Por su parte, la Comisión Europea informó de que en su día verificó que el almacén de gas cumplía con los procedimientos medioambientales que exige la legislación comunitaria. «En ese momento, la Comisión verificó que los procedimientos adecuados se habían seguido dentro de la principal legislación europea que es aplicable», entre ellos, la evaluación de impacto ambiental, indicó el portavoz de Medio Ambiente, Joseph Hennon.

En todo caso, desde Bruselas se pone de relieve que «corresponde a las autoridades españolas dar la autorización, siempre que se cumplan todos los requisitos de acuerdo con la legislación vigente, incluida la relativa al medio ambiente». El 'proyecto Castor' cumplió con los procedimientos exigidos por esa directiva comunitaria de Evaluación de Impacto Ambiental, en la que se deben determinar los efectos a nivel medioambiental, pero también respecto a los ciudadanos y el patrimonio.