La causa por la venta de suelos de Mercasevilla, camino de ser archivada

La causa abierta contra los siete empresarios imputados en la causa donde se investigan las supuestas irregularidades detectadas en el concurso público para la venta de los suelos de Mercasevilla , entre ellos dos hermanos de la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, va camino de ser archivada. La Fiscalía sevillana apoya la decisión porque entiende que no hay indicios «suficientes» para imputarles un delito de prevaricación, mientras que los delitos de fraude y maquinación para alterar el precio de las cosas ya han sido declarados prescritos por la juez.

En una providencia dictada el pasado 27 de septiembre, la juez de Instrucción número 6, Mercedes Alaya, que imputó a todos estos empresarios sendos presuntos delitos de fraude y exacciones ilegales, maquinación para alterar el precio de las cosas y prevaricación, reconoció que los dos primeros «han prescrito», aunque señaló que el delito de prevaricación no, tras lo que pidió al Ministerio Público que se pronunciara sobre este particular.

Ahora, la Fiscalía ha remitido un escrito al Juzgado en el que pone de manifiesto que, «aún cuando el delito de prevaricación efectivamente no ha prescrito», no observa «indicios suficientes» para imputar a los empresarios dicho delito, como adelantó ayer el diario 'El Mundo'.

Los hermanos de Báñez

En su escrito, el Ministerio Público entiende que «no hay indicios suficientes a día de hoy en las actuaciones para considerar acreditada siquiera mínimamente la participación de estos empresarios», entre los que se encuentran Eduardo Báñez García, como consejero delegado y firmante de la oferta presentada por Construcciones Juan de Robles, y Juan Nicolás Báñez García, consejero delegado solidario de esta empresa, ambos hermanos de la ministra de Empleo.

La Fiscalía considera que la conducta de todos ellos «se ciñe a la presentación de las ofertas, tildadas de 'relleno', y con un posible pacto de fijación artificial del precio de venta para favorecer la oferta de Sanma», filial de Sando que se hizo con los suelos finalmente, pero afirma que tal hecho, que podría constituir un delito de fraude y exacciones ilegales, y alternativamente de alteración de precios en concursos y subastas públicas, «no llega a constituir 'per se' también un acto de cooperación necesaria de un extraneus en un delito de prevaricación posterior», recoge la agencia Europa Press