Ministros como testigos

La versión de la Fiscalía Anticorrupción, la acusación popular y el Abogado del Estado fueron las más extensas para justificar su petición de 13 años de cárcel y una multa de 1,9 millones de euros. Recordaron que Fabra mantuvo reuniones «inauditas» con Jesús Posada, hoy presidente del Congreso y entonces ministro de Agricultura, y que presionó para conseguir permisos a favor de la empresa Naranjax que luego se vendían a otras empresas.

Por esta mediación Fabra habría ingresado dinero ilícito y, además, luego no declararía lo obtenido de la venta de las patentes de los productos fitosanitarios. Los abogados de las acusaciones denunciaron que desde el Ministerio de Agricultura, y de Sanidad, que dirigía Celia Viallobos, se modificaron las condiciones para favorecer los intereses de los imputados, con el entonces senador del PP Miguel Prim como emisario de Fabra, aunque también aludieron a Juan Costa y altos cargos de la era Aznar, como el propio expresidente del Gobierno, su esposa Ana Botella o el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete.

«Todo, al margen del posible daño para el medioambiente», tal y como puntualizó el abogado de la Unión de Consumidores.

La denuncia que presentó Vicente Vilar en 2003 es la que ha precipitado el proceso tras casi diez años largos de investigación y que ahora contará con las declaraciones de 70 testigos -Posada, Arias Cañete, y Villalobos lo harán por escrito-, así como de los peritos de Hacienda y políticos como Ricardo Costa.

El tribunal, presidido por Esteban Solaz, es el mismo que el año pasado intentó eliminar la actuación de cohecho, pero que fue desautorizado por el Supremo. Por delante quedan 17 sesiones.

Las declaraciones de los cinco imputados darán comienzo hoy con Carlos Fabra como primer declarante.