La plataforma del proyecto Castor ubicada en el Delta del Ebro y posible causa de los temblores. :: JAUME SELLART / EFE
Sociedad

Un terremoto de 4,2 grados desata las alarmas en Castellón y Tarragona

La Generalitat valenciana activa el plan de riesgo sísmico tras detectar 300 temblores en los últimos días con origen en el almacén de gas Castor

VALENCIA. Actualizado: Guardar
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«Cuando los microseísmos superan los cuatro grados de intensidad pasan a ser ya terremotos». Así de contundente se muestra Jonathan Gómez Cantero, el vocal del Colegio de Geógrafos que el lunes predijo que el nivel de los temblores podía aumentar -como finalmente ha sucedido- en el entorno del almacén subterráneo de gas natural Castor, frente a las costas de Vinaròs (Castellón) y cerca del Delta del Ebro.

En las últimas 24 horas han tenido lugar en el Golfo de Valencia otros 35 movimientos de tierra, uno de los cuales ha provocado que se tomen medidas de prevención que hasta ese momento se consideraban innecesarias. A las 3.32 horas de la madrugada del lunes al martes se produjo un temblor de 4,2 grados que pudo sentirse en poblaciones de las costas de Castellón y Tarragona y que provocó que la Generalitat Valenciana tomara la decisión de activar el plan de riesgo sísmico en fase de seguimiento.

En concreto, desde la Conselleria de Gobernación se explicó a los municipios de Peñíscola, Vinaròs y Benicarló que iban a tener un seguimiento de situación cero. Esto significa que los ayuntamientos mantendrán una comunicación permanente con el Consorcio Provincial de Bomberos, la Subdelegación del Gobierno, el CICU y la Policía de la Generalitat con el fin de garantizar la seguridad de los ciudadanos. El proyecto Castor, con una inversión de 1.200 millones de euros, trata de aprovechar un antiguo pozo petrolífero a 1.750 metros de profundidad bajo el nivel del mar para suministrar hasta un tercio de la demanda de gas del sistema durante 50 días, pero, al parecer, la inyección de gas ha provocado desde el pasado 13 de septiembre casi 300 seísmos, la mayoría de baja intensidad.

Rocío, dueña de un bar de Vinaròs aseguraba a este periódico que de momento la gente se lo «toma como una anécdota y no hay temor entre los vecinos. Yo estoy delante del mercado, la gente lo comenta, pero no va más allá». Por su parte, Sabina Vizcarro que regenta una peluquería admitía que se habían «despertado por el terremoto porque se movía el armario. Nosotros estamos un poco preocupados ya que no recibimos demasiada información, no dan explicaciones y cada vez los nota más gente y son más intensos».

Desde Escal, la empresa que está llevando a cabo el trabajo -copropiedad de ACS y la canadiense Castor Limited Partnerships (CLP)- advierten que ellos fueron «los primeros en avisar de lo que estaba ocurriendo y que el Proyecto Castor cuenta 42 autorizaciones de diversas administraciones públicas». Asimismo, reiteraron que no se ha inyectado «gas colchón desde el día 16 de septiembre» y que la actividad «sigue paralizada en estricto cumplimiento de las órdenes del Ministerio de Industria, Energía y Turismo».

Acciones legales

El ministro de Industria, José Manuel Soria, apuntó que desde que saben que se producen los microseísmos resolvieron la detención de los trabajos. «Estamos en contacto permanente con el Instituto Geográfico Nacional y con el Geológico, que ya están estudiando si hay una posible relación de causa-efecto entre la inyección de ese gas colchón y los microseísmo», explicó el ministro.

Los temblores también se han sentido en algunas poblaciones del sur de Tarragona, como Sant Carles de la Ràpita. El portavoz de la Generalitat de Cataluña, Francesc Homs, anunció que se reserva acciones legales ante posibles responsabilidades derivadas de los seísmos que relaciona con el almacén subterráneo de gas natural, porque, a su juicio, «no es razonable que unas actuaciones acaben derivando en movimientos sísmicos».

Por su parte, Ecologistas en Acción explicó que «no hay ninguna duda sobre la relación entre la inyección de gas al almacenaje subterráneo del proyecto Castor y los terremotos que se han sucedido después». La organización ecologista señala que este proyecto «pone en peligro la vida de las personas».